Tegucigalpa, Honduras. – El Congreso Nacional reinicia esta semana sus sesiones con una de las discusiones más sensibles sobre la mesa: la reforma energética impulsada por el gobierno del presidente Nasry Asfura, un paquete de cambios con el que se busca detener el deterioro financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y reducir el impacto de los apagones en la economía hondureña.
La urgencia no solo proviene del Gobierno. Economistas, sectores empresariales, sociedad civil, organismos financieros internacionales y representantes del aparato productivo han coincidido en que la crisis eléctrica se ha convertido en un lastre para las finanzas públicas y en un obstáculo para el crecimiento económico.
La reforma plantea atender las pérdidas de la ENEE, estimadas en alrededor del 38 % de su generación, y liberar al Estado de una carga económica que supera los 18 mil millones de lempiras.
Un estudio de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) estima que la estatal eléctrica pierde aproximadamente 50 millones de lempiras diarios, una cifra que refleja la magnitud del problema financiero.
El eje central de las reformas consiste en escindir la ENEE en tres empresas autónomas: una de generación, otra de transmisión y una tercera de distribución.
Según especialistas, las áreas de generación y transmisión tienen mayor viabilidad financiera, mientras que el principal problema económico de la estatal se concentra en distribución.
La propuesta establece que las nuevas empresas operarían como sociedades, pero con capital 100 % estatal, por lo que el Estado mantendría la propiedad sobre ellas.
Al funcionar como sociedades mercantiles, podrían liberarse de ciertas limitaciones que actualmente impone la legislación de contrataciones y licitaciones gubernamentales, especialmente para adquirir energía o realizar inversiones en líneas de alta tensión.
Para los sectores que respaldan la reforma, el objetivo es garantizar un suministro eléctrico más estable, con precios competitivos y condiciones que permitan atraer nuevos proyectos industriales, comerciales y de servicios.
Actualmente, Honduras mantiene una de las tarifas eléctricas más altas de la región, sin asegurar estabilidad plena en el suministro ni potencia firme suficiente para nuevos inversionistas.
Los expertos advierten que no aprobar las reformas podría mantener a la economía hondureña atrapada en crecimientos de entre 3 % y 4 % anual, similares a los registrados durante las últimas décadas.
A criterio de esos sectores, el país necesita alcanzar ritmos de crecimiento de 6 % a 7 % para generar empleo formal y reducir la pobreza.
El impacto de la crisis ya se siente con fuerza en el sector privado, especialmente en la micro, pequeña y mediana empresa, que ha denunciado pérdidas por apagones, suspensión de actividades y daños en equipos.
Empresarios del norte del país han cifrado en 500 millones de lempiras las pérdidas provocadas por interrupciones del servicio eléctrico.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) también ha advertido que los apagones generan pérdidas de hasta 100 millones de lempiras al mes.
El expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, señaló que la reforma energética es urgente y advirtió que, si no se aprueba, Honduras enfrentará más apagones y una mayor deuda gubernamental.
Una postura similar expresó la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Amparo Canales, quien indicó que la crisis de la ENEE ya está provocando pérdidas millonarias a empresarios y población.
Canales señaló que los constantes apagones en la zona norte, Olancho, el sur y otras regiones del país obligan a productores y empresas a recurrir a generadores alternos, elevando sus costos operativos.
Además, cuestionó que, pese a las interrupciones del servicio y a que los empresarios deben suplir por cuenta propia la energía que no reciben, la ENEE continúe enviando facturas con los mismos montos.
Desde el sector industrial, el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Fernando García, pidió a los diputados aprobar con rapidez las reformas para comenzar cuanto antes el proceso de recuperación de la estatal.
García reconoció que la reforma no es una “varita mágica” que resolverá de inmediato todos los problemas de la ENEE, pero afirmó que sí permitirá iniciar el trabajo técnico para corregirlos.
El dirigente empresarial pidió debatir el tema con tranquilidad, criterios profesionales y visión técnica, al considerar que la discusión ha sido politizada bajo el argumento de una supuesta privatización.
A su criterio, uno de los objetivos debe ser reducir las pérdidas eléctricas del 38 % al 10 %, una meta que considera posible para Honduras.
El presidente de la Comisión de Energía del Congreso Nacional, diputado Milton Puerto, se mostró confiado en que las reformas finalmente serán aprobadas.
El legislador nacionalista por Yoro estimó que el paquete podría obtener entre 90 y 100 votos, al considerar que existe apoyo de generadores, organismos crediticios internacionales, sector privado y sociedad civil.
Puerto señaló que los apagones responden tanto a la falta de generación como a la falta de inversiones en transmisión, una de las áreas claves para garantizar que la energía producida llegue adecuadamente a los usuarios.
También recordó que el país proyecta una licitación de 1,500 megavatios de energía, y que la reforma permitiría ofrecer a los inversionistas mayor certeza de pago y una ENEE más estable y rentable.
En el Congreso, los diputados del Partido Liberal serán claves para alcanzar la aprobación.
Sus dudas impidieron que las reformas fueran aprobadas antes del receso legislativo, especialmente por la exigencia de incluir candados que garanticen que la ENEE no será privatizada.
La bancada liberal también ha planteado preocupación sobre la posibilidad de que, al dividirse la estatal en tres empresas, sus activos puedan ser ofrecidos como garantía para adquirir préstamos.
Los liberales trabajan en una propuesta con modificaciones, mientras el debate político sigue abierto alrededor del alcance real de la reforma y los mecanismos de protección sobre la propiedad estatal.
La discusión llega en un momento crítico para el país: la ENEE acumula pérdidas, la deuda aumenta, los apagones golpean la producción y el servicio eléctrico continúa siendo uno de los principales reclamos de hogares, empresas y gobiernos locales.
La decisión queda ahora en manos del Congreso Nacional, donde la reforma energética se perfila como una prueba política y económica para determinar si Honduras inicia la modernización de su sistema eléctrico o continúa cargando con una crisis que cada día cuesta millones al Estado y frena el desarrollo nacional.
