Tegucigalpa, Honduras. – La aprobación unánime de reformas a la Ley contra la Violencia Doméstica en el Congreso Nacional abrió una nueva discusión en Honduras: si el endurecimiento legal será suficiente para detener una ola de abusos, maltratos, agresiones y femicidios que continúa golpeando al país.
La preocupación surge en medio de una realidad alarmante. En los primeros 161 días de 2026, al menos 117 mujeres han perdido la vida de forma violenta en Honduras, lo que equivale a una víctima cada 33 horas.
Estas cifras ubican al país entre las naciones con las tasas más altas de femicidios en el mundo, mientras organizaciones, legisladores y sectores sociales insisten en que la respuesta del Estado debe ir más allá de la aprobación de nuevas normas.
Las reformas aprobadas por la Cámara Legislativa contemplan el endurecimiento de sanciones contra la violencia doméstica y la creación de un Registro de Agresores contra la Mujer, que estará bajo administración, actualización y custodia del Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
De acuerdo con lo aprobado, los agresores con sentencia firme enfrentarán restricciones para acceder a cargos públicos, créditos, licencias de conducir, permisos para portar armas y otros beneficios.
Además, las reformas establecen que quienes sean condenados por violencia doméstica podrán ser separados de sus puestos cuando exista sentencia firme condenatoria.
La aprobación fue calificada por varios diputados como “histórica”, al incluir reformas al artículo 6 del Decreto 132-97, aprobado el 11 de septiembre de 1997, en lo relacionado con medidas de seguridad, precautorias y cautelares.
También se aprobaron adiciones al artículo 20, mediante los incisos 20c y 20d, orientadas a crear el registro de agresores contra las mujeres y prohibir que condenados por violencia doméstica ejerzan cargos públicos.
Sin embargo, desde el propio Congreso surgieron voces críticas sobre la coherencia entre legislar y dar el ejemplo.
El diputado Mario Segura cuestionó que, en ocasiones, se aprueban leyes que ni los mismos congresistas cumplen, y pidió revisar conductas dentro del propio Parlamento.
“Llegan de este Congreso, compañeros, tras maltratar a sus esposas, investíguenlo. Porque uno tiene que dar el ejemplo, padres de la patria con un montón de hijos regados que no les ayudan”, manifestó Segura.
Sus declaraciones agregaron un elemento incómodo al debate legislativo: la necesidad de que quienes aprueban leyes contra la violencia también respondan con conducta personal e institucional frente al problema.
Aunque la reforma representa un intento por cerrar espacios de impunidad y limitar derechos a personas condenadas por violencia doméstica, el desafío sigue siendo su aplicación efectiva.
Para distintos sectores, el verdadero impacto de la ley dependerá de la capacidad de las instituciones para investigar, sancionar, proteger a las víctimas y evitar que las denuncias queden atrapadas en trámites sin consecuencias.
La aprobación de las reformas llega en un momento de presión social por la violencia contra las mujeres, pero también bajo una pregunta que sigue abierta: si las nuevas sanciones lograrán cambiar una realidad donde muchas agresiones comienzan en el hogar y, en los casos más graves, terminan en femicidio.
Con el nuevo marco legal, el Estado hondureño busca enviar un mensaje más fuerte contra los agresores, pero la magnitud de la crisis obliga a medir los resultados no por la unanimidad del voto legislativo, sino por la reducción real de víctimas y la protección efectiva de las mujeres.
