Tegucigalpa, Honduras. – La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, presentó este domingo un informe alarmante sobre la violencia contra las mujeres en Honduras, revelando que de 262 muertes violentas registradas en 2025, únicamente 10 fueron tipificadas como femicidio, evidenciando debilidades críticas en la investigación y aplicación correcta de la ley.
Durante la instalación de la nueva legislatura del Congreso Nacional, la magistrada expuso la situación crítica que enfrenta el sistema de justicia hondureño, advirtiendo que en 2025 se registraron 14,685 denuncias de violencia doméstica, concentradas principalmente en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, donde se reporta entre el 20 y 25 por ciento de los casos a nivel nacional.
«Lastimosamente la violencia continúa siendo una de las principales causas de muerte de nuestras mujeres, cada año, los juzgados reciben alrededor de 15,000 denuncias de violencia doméstica; en el 2025 se registraron 14,685 casos, concentrándose mayoritariamente en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés», explicó Obando ante el pleno legislativo.
La titular del Poder Judicial reveló datos aún más preocupantes sobre la judicialización de estos crímenes: «El año pasado se registraron alrededor de 262 muertes violentas de mujeres, según reportes de diferentes instituciones, de las cuales, el Ministerio Público presentó ante los juzgados los casos de 129 víctimas, lo que representa una judicialización de 50%«, enfatizó.
Sin embargo, lo más alarmante es que «solo 10 de esas muertes fueron calificadas bajo la figura penal de femicidio, evidenciando la necesidad de fortalecer la capacidad del Estado para reconocer estas muertes, prevenirlas y castigarlas con la gravedad que la ley exige», denunció la magistrada.
Obando alertó que aunque el 57 por ciento de las resoluciones judiciales en casos de violencia doméstica fueron favorables a las víctimas, cerca del 30 por ciento de los procesos se declaran en abandono, reflejando serias barreras de acceso a la justicia que impiden que las mujeres completen sus denuncias.
Como parte de las acciones emprendidas, la presidenta de la CSJ anunció la creación del Observatorio de Justicia y Género, herramienta que permitirá identificar territorios de alto riesgo, especialmente en zonas de Lempira e Intibucá, para focalizar intervenciones y prevenir muertes violentas de mujeres.
La magistrada solicitó al Congreso Nacional respaldo para aprobar las reformas a la Ley Especial Contra la Violencia Doméstica, elaboradas junto al Ministerio Público, la Policía Nacional y sociedad civil, con el objetivo de cerrar espacios de impunidad y fortalecer la protección a las víctimas.
En materia de niñez, Obando informó que anualmente ingresan más de 14,500 casos de familia, principalmente por demandas de pensión alimenticia. A un año de vigencia, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos contabiliza 60 personas sancionadas, evidenciando la lentitud en la aplicación de esta herramienta.
En el ámbito penal, la presidenta de la CSJ detalló que en 2025 ingresaron 45,135 casos, un incremento del 20 por ciento respecto al año anterior, destacando delitos como tráfico de drogas y maltrato familiar. La creación de circuitos especializados permitió reducir los tiempos de espera para juicios orales de cuatro años a siete meses.
Obando también alertó sobre el aumento de demandas laborales contra el Estado, especialmente en años de transición gubernamental, que superan el 80 por ciento de los procesos, haciendo un llamado a las autoridades a respetar la ley y priorizar la conciliación para evitar saturar el sistema judicial.
Finalmente, la magistrada exhortó al Congreso Nacional a garantizar al Poder Judicial la asignación constitucional mínima del 3 por ciento de los ingresos corrientes, advirtiendo que la demanda de justicia continúa creciendo y que sin mayor inversión se limita la capacidad de respuesta del sistema judicial.
«Confiamos en su compromiso con el fortalecimiento del Estado de Derecho, garantizando al Poder Judicial la asignación constitucional no menor del 3% de los ingresos corrientes, como base mínima para responder a la justicia que el país exige», apostilló la presidenta de la CSJ.
La diferencia entre las 262 muertes violentas reportadas y las 129 judicializadas (50%) evidencia problemas en la cadena de investigación y persecución penal, mientras que la brecha entre estas y las 10 tipificadas como femicidio revela deficiencias en la aplicación del tipo penal específico.
El 30% de abandono en los procesos de violencia doméstica sugiere que las víctimas enfrentan obstáculos institucionales, económicos o de intimidación que les impiden mantener sus denuncias hasta obtener resoluciones definitivas que las protejan.
La concentración del 45% de casos en solo dos departamentos (Francisco Morazán y Cortés) refleja tanto la mayor población de estas zonas como posiblemente una mayor capacidad de denuncia en áreas urbanas, mientras que en zonas rurales podría existir un subregistro significativo.
El Observatorio de Justicia y Género representa una herramienta de prevención basada en datos que permitirá al Estado identificar patrones territoriales y temporales de violencia para intervenir proactivamente antes de que ocurran femicidios.
La solicitud del 3% de ingresos corrientes para el Poder Judicial responde a la sobrecarga del sistema evidenciada por el incremento del 20% en casos penales y los más de 14,500 casos anuales de familia, requiriendo mayor infraestructura, personal y recursos tecnológicos.
