Tegucigalpa – Una nueva controversia ha surgido en Honduras tras el anuncio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) sobre la implementación de un registro biométrico obligatorio para todos los usuarios de telefonía móvil, medida que ha provocado un intenso debate sobre privacidad y derechos ciudadanos.
La diputada María Antonieta Mejía ha manifestado su profunda preocupación por esta iniciativa, señalando que la medida podría exponer información sensible de los ciudadanos a posibles ciberataques.
«Más parece que lo que andan buscando es ‘fregar’ al ciudadano», expresó la legisladora, cuestionando además la legitimidad legal del procedimiento.
Un aspecto particularmente preocupante es que la implementación de esta medida no ha sido sometida a discusión en el Congreso Nacional, lo que plantea serias dudas sobre su base legal. Mejía argumenta que esta acción excede las facultades de CONATEL, generando inquietud sobre los verdaderos motivos detrás de su implementación.
La situación se torna más delicada considerando que la medida se introduce durante un estado de excepción que ya limita ciertas garantías constitucionales. La amenaza de que los usuarios que no se registren perderán sus números telefónicos ha intensificado la preocupación ciudadana.
Diversos analistas han alertado sobre los posibles usos indebidos de esta información, incluyendo el control ciudadano, la manipulación de datos personales y su potencial influencia en futuros procesos electorales.
La ausencia de respuesta por parte de CONATEL ante estas críticas y la falta de claridad sobre los mecanismos de protección de datos biométricos aumentan la desconfianza.
Esta controversia refleja una creciente tensión entre las medidas de seguridad gubernamentales y los derechos a la privacidad de los ciudadanos hondureños, planteando importantes cuestionamientos sobre el equilibrio entre vigilancia estatal y libertades individuales.
