Tegucigalpa, Honduras. – El Reino Unido demandó este domingo que Honduras respete los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre proclamados por el Consejo Nacional Electoral, en un pronunciamiento que ocurre 24 horas después de que el gobierno de Xiomara Castro ordenara un nuevo conteo «voto por voto» que desconoce la declaratoria oficial del organismo electoral.
«El Reino Unido insta a respetar los resultados oficiales del @cnehonduras, que confirman a @titoasfura como Presidente electo, junto con diputados y alcaldías. Honduras merece una transición pacífica, segura y transparente. #DEMOCRACIA», indicó el país europeo en mensaje publicado por su Embajada concurrente en Guatemala en la red social X.
El pronunciamiento británico adquiere particular relevancia al producirse inmediatamente después de que Castro sancionara el decreto del Parlamento que ordena el recuento y lo publicara en el diario oficial La Gaceta, convirtiendo en ley una iniciativa que múltiples sectores consideran violatoria de la institucionalidad democrática hondureña.
La reacción del Reino Unido se suma a advertencias previas de Estados Unidos sobre «severas consecuencias» para quienes intenten revertir ilegalmente los resultados electorales, y al pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) que expresó preocupación por violencia e ilegalidad del ala legislativa oficialista.
El gobierno hondureño pidió al CNE que realice un nuevo conteo de las más de 19,000 actas electorales, aun cuando el ente electoral, que es autónomo, dio a conocer en diciembre los resultados tras un lento y polémico escrutinio, del que quedaron sin escrutar algunas actas que presentaban inconsistencias y fueron trasladadas al Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
El TJE tiene hasta el 20 de enero para dar a conocer su informe sobre las actas con inconsistencias, resolución que será inapelable y se conocerá una semana antes de la toma de posesión programada para el 27 de enero, cuando concluye el mandato de cuatro años de Castro.
La iniciativa del nuevo conteo «voto por voto» fue presentada el pasado jueves por Luis Redondo en una sesión extraordinaria del Parlamento a la que convocó como presidente de la junta directiva con un reducido grupo de diputados, entre propietarios y suplentes, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, quien además es esposo y principal asesor de la presidenta hondureña.
La sesión legislativa que aprobó el decreto careció de la mayoría calificada de 86 votos requerida para asuntos electorales, siendo aprobada únicamente con participación de legisladores oficialistas mientras más de 70 diputados opositores denunciaron que se les impidió ingresar al hemiciclo.
Redondo, militante de Libre, que no fue favorecido con el voto para ser reelegido como diputado en los comicios de noviembre, advirtió el sábado, tras un Consejo de Ministros convocado por Castro, que si el CNE no hace el nuevo conteo, el Parlamento se encargará de hacerlo, cuando restan apenas dos semanas para que la mandataria concluya su mandato.
La amenaza de Redondo de que el Congreso Nacional asuma funciones del CNE si este no acata la orden representa la consumación de la usurpación de atribuciones denunciada por juristas, quienes señalan que el Poder Legislativo carece de facultades constitucionales para certificar procesos electorales.
La situación evidencia una contradicción flagrante en la posición de Castro: el pasado 18 de diciembre declaró en una ceremonia de las Fuerzas Armadas que respetaría los resultados del CNE, pero apenas tres semanas después sancionó el decreto que ordena desconocer esos mismos resultados mediante un nuevo conteo.
El cambio radical de postura de la mandataria, desde aceptar los resultados el 18 de diciembre hasta ordenar su reversión el sábado, revela la presión interna del Partido Libre y particularmente de su esposo Manuel Zelaya, coordinador general del partido que no acepta la derrota electoral de su candidata Rixi Moncada frente al nacionalista Nasry «Tito» Asfura.
El pronunciamiento del Reino Unido enfatiza específicamente que Honduras merece una transición «pacífica, segura y transparente», tres calificativos que contrastan con las acciones del gobierno que ha sancionado un decreto aprobado sin quorum, violando procedimientos parlamentarios y desconociendo la declaratoria de un organismo electoral autónomo.
La mención explícita de la «democracia» en el mensaje británico, destacada con hashtag, subraya que Londres considera que las acciones del oficialismo hondureño atentan contra principios democráticos fundamentales de respeto a la voluntad popular y a las instituciones electorales.
El respaldo internacional a la declaratoria del CNE que proclamó a Asfura como presidente electo contrasta dramáticamente con el aislamiento diplomático que enfrenta el gobierno de Castro, cuyas maniobras para revertir resultados electorales no cuentan con apoyo de democracias occidentales ni de organismos multilaterales.
La publicación del decreto en La Gaceta le otorga carácter oficial, pero no elimina los cuestionamientos sobre su ilegalidad e inconstitucionalidad, ni garantiza que el CNE acate la orden o que las Fuerzas Armadas permitan el traslado del material electoral necesario para ejecutar el recuento ordenado.
El pronunciamiento del Reino Unido se suma a una creciente presión internacional sobre el gobierno hondureño para que respete la institucionalidad democrática y permita la transición pacífica del poder el 27 de enero, independientemente de las pretensiones del oficialismo de prolongar su mandato mediante la anulación de resultados electorales certificados.
