Tegucigalpa, Francisco Morazán. – El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH), formalizó una acusación penal contra la doctora Diana Vanessa Sierra Amador, a quien se le atribuye haber ejercido tratos crueles, inhumanos o degradantes contra la doctora Enid Valle, médica residente del postgrado de Otorrinolaringología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) durante el año 2022.
Las investigaciones establecen que, desde el inicio de la especialidad, Valle habría enfrentado un trato diferenciado y humillante por parte de Sierra Amador, quien ocupaba el cargo de coordinadora académica, generando un entorno adverso que impactó directamente su desempeño y proyección profesional.
El caso tomó mayor gravedad en noviembre de 2022, cuando la entonces coordinadora intentó separar a la residente del programa bajo una acusación de negligencia médica, señalándola falsamente de la muerte de un paciente. Las diligencias posteriores confirmaron que el paciente seguía con vida, descartando la imputación.
A pesar de ello, la doctora Valle fue sometida a múltiples audiencias de descargo, acciones que, según la FEDH, tenían como objetivo desacreditarla profesionalmente y someterla a presión psicológica constante.
El expediente también documenta que Sierra Amador vulneró la integridad moral y la reputación de la residente al difundir una fotografía de carácter privado, hecho por el cual ya fue procesada y condenada en 2025 por el delito de descubrimiento y revelación de secretos.
Como resultado de este conjunto de acciones, la doctora Valle no logró culminar su especialidad. Los actos de hostigamiento se mantuvieron de forma sistemática y provocaron afectaciones a su salud psicológica, situación que fue confirmada mediante evaluaciones realizadas por la Dirección General de Medicina Forense (DGMF).
El requerimiento fiscal se sustenta en el artículo 217 del Código Penal, que sanciona los tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por funcionarios públicos. La FEDH espera que el órgano jurisdiccional competente convoque a la imputada para dar continuidad al proceso judicial.
El caso ha generado inquietud en sectores médicos y académicos, al poner en evidencia la necesidad de garantizar entornos formativos seguros y respetuosos dentro de los programas de especialidad, así como de aplicar sanciones ejemplares ante conductas que vulneren la dignidad y el desarrollo profesional de los médicos en formación.
