Tegucigalpa – En una declaración preocupante, la diputada y precandidata presidencial Maribel Espinoza ha criticado la reciente decisión del gobierno hondureño de abandonar el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), advirtiendo que este paso podría deteriorar significativamente el clima de inversión extranjera en Honduras.
Según Espinoza, esta acción está causando ya una notable desconfianza entre los inversores y organismos internacionales.
Espinoza destacó las serias consecuencias económicas y legales que podrían surgir como resultado de esta retirada, especialmente en un momento en que Honduras enfrenta múltiples demandas internacionales.
Resaltó la urgencia de que el Estado hondureño esté adecuadamente preparado para defenderse en litigios internacionales, subrayando la responsabilidad que recae sobre los funcionarios públicos que manejan estos casos.
“Es grave lo que está pasando; si perdemos estos litigios, los responsables deben enfrentar consecuencias civiles y penales”, afirmó.
La diputada hizo una comparación con Argentina, que sufrió consecuencias económicas severas tras una decisión similar de retirarse del sistema de arbitraje internacional, incluyendo embargos y otros problemas económicos.
Espinoza expresó su preocupación por la posibilidad de que Honduras se vuelva inelegible para futuras inversiones extranjeras debido a lo que describió como una “agenda ideológica” que podría aislar económicamente al país.
Con la salida oficial de Honduras del CIADI este lunes 26 de agosto de 2024, el país se enfrenta al desafío de atraer inversión extranjera sin la seguridad de un foro reconocido internacionalmente para la resolución de disputas.
Esta situación coloca a Honduras en una posición similar a la de Venezuela, que también ha criticado al CIADI por favorecer, según argumentan, los intereses empresariales sobre los nacionales.
Espinoza concluyó advirtiendo que el retiro del CIADI, con 15 demandas pendientes contra el Estado hondureño, representa un riesgo significativo para la estabilidad económica del país.
Esta decisión, tomada durante la administración de la presidenta Xiomara Castro, refleja un panorama complicado para Honduras en el escenario económico global.
