Tegucigalpa – Una reveladora inconsistencia ha salido a la luz en el caso Koriun Inversiones, arrojando nuevas dudas sobre la actuación de las autoridades reguladoras y fiscales. Documentos oficiales obtenidos recientemente demuestran que la empresa, señalada como operadora de un esquema Ponzi que afectó a unos 35,000 hondureños, apenas fue registrada legalmente como comerciante individual el 19 de marzo de 2024 en Tegucigalpa, cuando su administrador Iván Velásquez logró la escritura correspondiente.
Esta información contrasta significativamente con las declaraciones oficiales que han señalado que Koriun llevaba aproximadamente seis años operando, periodo durante el cual habría captado recursos del público sin autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y aparentemente sin despertar la atención de los organismos reguladores.
Según la documentación, Velásquez obtuvo su Registro Tributario Nacional (RTN) del Servicio de Administración de Rentas (SAR) el 13 de junio del año pasado, y apenas cinco días después lo actualizó, pero ya con domicilio en Choloma, Cortés, municipio que se convertiría en el epicentro de sus operaciones financieras.
Un detalle particularmente revelador es que en la escritura de constitución como comerciante individual, Velásquez estableció que el giro de negocios serían «actos de comercio, importación, compra y venta de inmuebles, muebles, vehículos y cualquier actividad mercantil lícita», pero nunca declaró la captación de dinero, actividad que requiere autorización específica de la CNBS.
Estos hallazgos documentales plantean inquietantes interrogantes sobre la supervisión regulatoria. Si las autoridades afirman que Koriun operaba desde hace seis años, ¿cómo es posible que su formalización legal apenas se realizara en marzo de 2024? Y más importante aún, ¿cómo pudo una operación de tal magnitud funcionar durante años sin estar registrada fiscalmente?
La contradicción se agudiza con las recientes declaraciones de Mariana Ríos, directora del SAR, quien esta semana indicó que Koriun «no tenía registro en la institución y que nunca había hecho declaraciones de impuestos», cuando los documentos muestran que al menos desde junio de 2024 contaba con RTN. Esta discrepancia sugiere posibles fallos en la comunicación interinstitucional o, más preocupante aún, deficiencias en los sistemas de control y seguimiento fiscal.
El escándalo Koriun ha provocado intensas críticas hacia la actuación de entidades reguladoras y fiscalizadoras. Particularmente cuestionada ha sido la decisión del Ministerio Público de devolver más de 300 millones de lempiras incautados a Velásquez, incluyendo 125 millones encontrados en su vivienda particular, antes de proceder a su captura. Este proceder contrasta dramáticamente con la habitual práctica de exhibir públicamente a personas detenidas por portar cantidades que a veces no superan los 50 mil lempiras.
La revelación de estos documentos se produce en medio de una creciente controversia sobre la propuesta gubernamental de utilizar fondos estatales para compensar a los afectados por Koriun, iniciativa que ha sido calificada por diversos expertos como «jurídicamente improcedente» e incluso como potencial «malversación de caudales públicos».
El caso continúa develándose como un complejo entramado donde las inconsistencias documentales, la aparente inacción regulatoria durante años y las cuestionadas decisiones posteriores a la intervención configuran un panorama que sugiere profundas deficiencias institucionales en la protección del público frente a esquemas financieros irregulares.
Mientras tanto, Iván Velásquez permanece recluido en la Penitenciaría Nacional de Támara, junto con su pareja Kefi Gavarrete, enfrentando cargos por lavado de activos, desobediencia y tenencia ilegal de armas, en espera de su audiencia inicial programada para el lunes 19 de mayo, donde la fiscalía presentará las evidencias que sustentan la acusación. El carácter reciente de la formalización legal de la empresa probablemente constituirá un elemento relevante en este proceso judicial.
