Tegucigalpa – La reciente decisión de la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha generado un importante giro en el caso que involucra a la exministra de Finanzas, Rocío Izabel Tábora, respecto al presunto delito de fraude en la adquisición de siete hospitales móviles.
En una determinación unánime, los magistrados revocaron el arresto domiciliario previamente concedido a Tábora, sustituyéndolo por la medida más severa de prisión preventiva.
Carlos Silva, portavoz de la CSJ, explicó en detalle la resolución de la Corte de Apelaciones, resaltando que tanto la Procuraduría General de la República como el Ministerio Público presentaron recursos de apelación que fueron admitidos y finalmente acogidos por el tribunal.
En consecuencia, se dejó sin efecto la decisión previa del juez de primera instancia que había permitido el arresto domiciliario de Tábora.
Además de la orden de prisión preventiva, la resolución establece que la acusada deberá someterse a procedimientos médicos y terapias indicadas, con la posibilidad de la participación del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) para supervisar el cumplimiento de esta disposición judicial.
La situación legal se complica aún más con la permanencia en calidad de prófuga de la exministra de Salud, Alba Consuelo Flores, también implicada en el presunto fraude.
Junto a Tábora, figuran en el expediente otros funcionarios de alto rango, como los exviceministros de Finanzas, Daniel Antonio Ardón y Roxana Melani Rodríguez Alvarado, así como exmiembros de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Héctor Antonio Herrera Flores, Bessy Roxana Rodríguez y Carlos Luis Guevara Mondragón.
La complejidad del caso se ve acentuada por la participación de ciudadanos que no ocupaban cargos públicos, como Héctor Herrera Flores, Carlos Guevara Mondragón y Daniel Antonio Ardón, quienes también enfrentan acusaciones en relación con los mismos hechos investigados.
Esta nueva dirección en el proceso legal destaca la gravedad de las acusaciones y la determinación de las autoridades judiciales para llevar a cabo una investigación exhaustiva y garantizar la rendición de cuentas en casos de corrupción.
