Tegucigalpa, Honduras.— La memoria del pasado reciente vuelve a instalarse en el debate público. Romeo Vásquez, exjefe de las Fuerzas Armadas y prófugo por acusaciones de asesinato tras el golpe de Estado de 2009, llamó este jueves a los hondureños a alcanzar un «verdadero pacto de paz» que permita superar la polarización y «sanar las heridas» en la nación centroamericana.
En un comunicado, Vásquez afirmó que Honduras «no puede seguir marchando dividido» y apeló a la unidad nacional para «recuperar la esperanza». «Ha llegado el momento de demostrar valentía nacional y apostar por un verdadero pacto de paz que permita sanar heridas y recuperar la esperanza», enfatizó el exjefe militar, cuyo paradero sigue siendo desconocido.
El mensaje de Vásquez no surge en el vacío. Coincide con la presentación de una iniciativa legislativa de amnistía que beneficiaría a tres generales: él mismo, el exsubjefe de las Fuerzas Armadas Venancio Cervantes y el excomandante del Comando de Operaciones Especiales Carlos Roberto Puerto. Los tres enfrentan acusaciones por el asesinato de Isis Obed Murillo y la tentativa de asesinato de Alex Roberto Zavala, simpatizantes del expresidente Manuel Zelaya.
Murillo murió el 5 de julio de 2009 tras recibir un disparo en la cabeza, aparentemente de un fusil, durante una manifestación en Tegucigalpa, en el contexto del fallido regreso de Zelaya por vía aérea. Un episodio que marcó a fuego la crisis política desatada tras el derrocamiento del mandatario el 28 de junio de 2009, cuando Vásquez era el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
La moción legislativa fue impulsada por los diputados Kilvett Bertrand, del gobernante Partido Nacional, y Luz Ernestina Mejía, del opositor Partido Liberal. «Eso no es justicia, eso era persecución», dijo Bertrand durante la presentación de la iniciativa, entre gritos de diputados del opositor Partido Libertad y Refundación (Libre), reflejando la polarización que aún atraviesa el debate político hondureño.
El recorrido judicial de los tres generales ha estado marcado por idas y vueltas. Fueron capturados en enero de 2025 y trasladados a la Penitenciaría Nacional, aunque una semana después un juez sustituyó la prisión preventiva por arresto domiciliario.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones de lo Penal revocó posteriormente el beneficio y ordenó su reingreso inmediato a prisión. Cervantes y Puerto se entregaron de forma voluntaria en marzo de 2025, pero a mediados de febrero pasado, la misma Corte modificó las medidas cautelares, permitiéndoles afrontar el proceso en libertad.
Para que la amnistía sea aprobada, se requiere una mayoría simple de 65 de los 128 diputados que integran el Parlamento hondureño, una cifra que obliga a los impulsores de la iniciativa a buscar acuerdos más allá de sus bancadas.
En su comunicado, Vásquez aseguró que ha dedicado su vida «a servir a la patria con disciplina y honor», y que sigue «creyendo» en Honduras y en su pueblo. «Hoy hablo no solo como militar, sino como un hondureño que también ha sentido el peso de la confrontación y el dolor que deja en nuestras familias», señaló, en un mensaje que busca tender puentes en un país aún dividido por los ecos de 2009.
El exjefe militar recalcó que la justicia debe «fortalecer a Honduras, no mantenerla enfrentada», y afirmó que los jóvenes merecen «una nación en paz, con estabilidad y futuro». Una reflexión que, más allá de las posiciones políticas, invita a preguntarse cómo construir reconciliación sin sacrificar la rendición de cuentas.
Mientras el Congreso debate la amnistía y Vásquez hace un llamado a la paz desde la clandestinidad, Honduras sigue navegando entre la memoria del conflicto y la esperanza de un futuro menos polarizado. Para muchos, la pregunta no es solo si se aprobará la amnistía, sino qué tipo de justicia y qué tipo de paz quiere construir el país para las próximas generaciones.
