Tegucigalpa – El máximo responsable militar de Honduras, general Roosevelt Hernández, está siendo interrogado por un equipo de fiscales del Ministerio Público (MP) como parte de las investigaciones iniciadas tras el caótico desarrollo de las elecciones primarias del pasado domingo 9 de marzo.
Según confirmó el portavoz del MP, Yuri Mora, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas está rindiendo declaración en calidad de «persona de interés» en su propio despacho, mientras los investigadores intentan esclarecer el papel que jugó la institución castrense en los graves retrasos que afectaron el proceso electoral.
«Este es un proceso en curso y seguiremos con las diligencias necesarias para esclarecer los hechos», indicó Mora, quien adelantó que próximamente se tomarán testimonios a otras personas vinculadas con la organización de los comicios.
Investigación al más alto nivel
La comparecencia del general Hernández se produce horas después de que el fiscal general, Johel Antonio Zelaya Álvarez, asegurara a la ciudadanía hondureña que el MP realizará una «investigación exhaustiva» sobre las irregularidades detectadas durante el proceso electoral.
«Deben tener la certeza de que investigaremos a fondo cualquier anomalía. Les reitero mi compromiso de llevar ante la justicia a quienes hayan intentado dañar este proceso», declaró Zelaya en un pronunciamiento que subraya la gravedad con que las autoridades están tomando lo sucedido.
Para atender la situación, el Ministerio Público ha conformado un equipo especial de fiscales y ha desplegado personal en todo el territorio nacional. Uno de los principales focos de atención es el retraso injustificado en el traslado de las maletas electorales, responsabilidad que recaía en las Fuerzas Armadas según el protocolo establecido para este proceso.
Voluntad ciudadana vs. obstáculos institucionales
Las elecciones primarias estuvieron marcadas por múltiples irregularidades logísticas, especialmente en el Distrito Central y San Pedro Sula, las ciudades con mayor concentración de votantes. En algunos centros de votación, las urnas abrieron con hasta 13 horas de retraso, mientras miles de ciudadanos esperaban pacientemente para ejercer su derecho al voto.
A pesar de estos obstáculos, destaca la determinación mostrada por la población hondureña, que en muchos casos permaneció largas horas en los centros de votación exigiendo la llegada del material electoral para poder sufragar, demostrando un compromiso cívico que contrasta con las deficiencias organizativas.
Diversos sectores de la sociedad civil y representantes políticos han manifestado su preocupación ante lo que consideran podría haber sido un intento deliberado de sabotear el proceso democrático. En este contexto, la investigación del Ministerio Público será determinante para establecer responsabilidades y, eventualmente, procesar a quienes resulten implicados en las irregularidades.
La expectativa ahora se centra en los avances que puedan lograrse en esta investigación, mientras continúa el escrutinio de las actas electorales que, hasta el momento, muestran a Rixi Moncada, Salvador Nasralla y Nasry Asfura como los probables candidatos presidenciales de los tres principales partidos políticos.
