Tegucigalpa – En un giro significativo en el caso conocido como ‘Caja chica de la dama’, los Juzgados en Materia de Privación de Dominio de Honduras han emitido una resolución histórica que obliga a Rosa Elena de Lobo, ex primera dama del país, a devolver más de 7.4 millones de lempiras al erario público.
La portavoz judicial, Bárbara Castillo, informó que la sentencia establece dos vías para el cumplimiento de la restitución: el pago en efectivo de la cantidad señalada o la entrega de bienes inmuebles equivalentes al monto determinado por el tribunal.
La investigación destapó un elaborado esquema financiero que operó durante la administración del expresidente Porfirio Lobo Sosa.
Durante este período, se emitieron 70 cheques a nombre de nueve personas diferentes, mientras se manejaba de manera irregular una cuenta oficial que llegó a registrar ingresos por 94.6 millones de lempiras, incluyendo donaciones provenientes de la embajada de China-Taiwán destinadas a proyectos sociales.
Un punto crucial en la investigación fue el descubrimiento de una cuenta personal abierta por Rosa Elena de Lobo el 22 de enero de 2014, donde depositó 12 millones de lempiras mediante un cheque proveniente de la cuenta oficial del despacho de la Primera Dama.
En un aspecto relevante del fallo, el juez determinó exonerar a varios implicados en el caso, entre ellos Saúl Escobar, quien fungía como secretario de la ex primera dama, Mauricio Mora, su cuñado, y el propio ex presidente Porfirio Lobo Sosa, junto a otros cuatro individuos que inicialmente estaban bajo investigación.
El proceso judicial inició en febrero de 2018, cuando Rosa Elena de Lobo fue acusada formalmente. En septiembre de 2019, recibió una sentencia condenatoria de 58 años de reclusión. Sin embargo, la Sala Penal de la Corte Suprema ordenó posteriormente la repetición del juicio oral y público, proceso que continúa en desarrollo.
Esta resolución representa un precedente significativo en la lucha contra la corrupción en Honduras, estableciendo parámetros claros para la recuperación de activos obtenidos de manera irregular durante el ejercicio de funciones públicas. El caso continúa siendo un ejemplo emblemático de los esfuerzos del sistema judicial hondureño por garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
