Tegucigalpa, Honduras — La abogada constitucionalista Ruth Lafosse presentó un análisis contundente sobre la crisis postelectoral en Honduras, calificándola como un intento desde el poder para destruir la democracia y desmantelar el valor jurídico del voto en favor de un proyecto de corte socialista.
Lafosse sostiene que la reciente alternancia no solo salvó la democracia, sino que abrió un momento decisivo para restablecer el Estado de derecho mediante decisiones firmes y transparentes.
Según su evaluación, durante semanas instituciones como la Fiscalía, la Presidencia del Congreso, su Junta Directiva y la emisión de un decreto ilegal habrían conspirado para bloquear el proceso electoral, recontar votos y redefinir ganadores “solo cuando convenía”.
La experta cuestiona que el Poder Judicial guardara silencio ante amparos y acciones de inconstitucionalidad, permitiendo —a su juicio— un Poder Legislativo sin control, dejando a la población en indefensión, donde “el miedo reemplazó la legalidad”.
Lafosse también denunció una criminalización selectiva contra tres generales y ciudadanos humildes, evocando incluso episodios del 2009, y acusó que el derecho penal se utilizó como arma política para intimidar.
Rechazó la propuesta de amnistía, argumentando que perdonaría “delitos fabricados” y permitiría perpetuar abusos. En su lugar, exigió sobreseimientos para restituir libertades y limpiar el nombre de quienes considera víctimas ejemplarizantes.
La constitucionalista destacó la firmeza de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, quienes —según dijo— resistieron presiones dentro del CNE, así como la respuesta del Congreso ante intentos de usurpación legislativa.
Afirmó que el colapso institucional obligó a la intervención de las Fuerzas Armadas para sostener la alternancia, lo que evidencia el fracaso de los controles civiles.
Lafosse planteó una disyuntiva clara:
- Pactos con amnistía, que abrirían la puerta a repetir abusos, o
- Juicio político para inhabilitar de por vida a quienes considera responsables de la crisis.
Concluyó que Honduras necesita someter el poder a la Constitución, otorgar sobreseimiento a perseguidos y aplicar juicio político a abusadores, porque —según dijo— el pueblo votó por recuperar la República y restablecer límites al poder.
