Tegucigalpa, Honduras. – La Sala de lo Constitucional admitió a trámite el recurso de amparo de la consejera del CNE Cossette López Osorio y ordenó suspender diligencias investigativas del Ministerio Público en su contra, aunque fuentes judiciales revelaron que el amparo había sido admitido desde el 29 de octubre de 2025 pero no se había notificado a las partes hasta después de que López denunciara públicamente «justicia selectiva» que prioriza casos en 24 horas mientras otros permanecen sin respuesta.
El contraste temporal resulta explosivo: mientras el amparo de la presidenta del CNE Ana Paola Hall fue admitido y notificado en menos de 24 horas, el recurso de López Osorio permaneció más de dos meses sin notificación pese a estar formalmente admitido, configurando lo que la consejera caracterizó como sistema que permite «chantajes, negociaciones políticas y exclusión» de adversarios mediante manipulación de tiempos judiciales.
La Sala Constitucional aplicó la suspensión del acto reclamado, ordenando al Ministerio Público detener las diligencias investigativas contra López en virtud de las actuaciones del Fiscal General Johel Zelaya, estableciendo que si el ente acusador quiere interponer requerimiento fiscal, debe esperar que el Congreso Nacional les encuentre responsabilidad en un juicio político.
La noticia de la admisión ocurrió horas después de que López Osorio denunció públicamente el retraso prolongado en la diligencia de su amparo constitucional, sugiriendo que la presión mediática forzó a la Sala a notificar una resolución que llevaba más de dos meses archivada sin ser comunicada a las partes involucradas.
La funcionaria electoral había reclamado enfrentar «justicia selectiva» que prioriza ciertos casos mientras otros permanecen sin respuesta, denuncia que se confirma con la revelación de que su amparo fue admitido el 29 de octubre pero solo notificado en enero, mientras el de Hall fue resuelto y comunicado en tiempo récord.
La suspensión de diligencias del MP protege a López Osorio de ser procesada penalmente por el Fiscal Zelaya, quien se reunió este miércoles con fiscales de la unidad de delitos electorales para revisar casos abiertos, en contexto donde el Congreso Nacional remitió al MP un informe solicitando acciones penales contra autoridades del CNE.
El diputado Antonio Rivera declaró tras el fallo favorable a Hall que «hay que respetar la ley», mensaje dirigido al Fiscal General que ahora enfrenta dos amparos admitidos que le impiden procesar a consejeras del CNE sin que previamente el Congreso las destituya mediante juicio político, frustrando así estrategia del oficialismo de criminalizar vía judicial a autoridades electorales.
La admisión del amparo de López Osorio establece que el MP no puede emitir requerimiento fiscal contra la consejera vocal, obligando al oficialismo a procesar primero la ruta del juicio político en el Congreso si pretende remover y posteriormente criminalizar a funcionarias del CNE que certificaron victoria de Nasry Asfura.
El timing selectivo de las notificaciones evidencia que la Sala Constitucional opera con criterios políticos más que jurídicos: admitió el amparo de López en octubre cuando la presión sobre el CNE era menor, pero solo notificó en enero cuando la consejera denunció públicamente la dilación, y después de que el amparo de Hall generara precedente favorable que complicaba mantener silencio sobre el recurso de López.
La denuncia de «justicia selectiva» de López Osorio queda validada por los hechos: su amparo llevaba 76 días admitido sin notificación (29 octubre – 14 enero), mientras el de Hall fue resuelto en menos de 24 horas, confirmando que la Sala Constitucional manipula tiempos procesales según conveniencia política, permitiendo así «chantajes y negociaciones» que la consejera denunció.
