Tegucigalpa, Honduras.— La digitalización de la justicia dio un paso firme este viernes. La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) exigió a los jueces del circuito en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción que utilicen obligatoriamente el sistema de expediente judicial electrónico (SEJE), una medida que busca estandarizar los procesos y fortalecer la transparencia en la gestión de casos de alta complejidad.
En su resolución, la Sala instruyó que el uso de la plataforma es obligatorio y no opcional en el ejercicio de la jurisdicción. Un mandato que elimina la discrecionalidad en la adopción de herramientas tecnológicas y establece un estándar único para la tramitación de expedientes en estas materias especializadas.
El tribunal superior señaló que se debe garantizar la correcta conformación del expediente judicial electrónico, incorporando y organizando todas las actuaciones procesales de forma íntegra, ordenada y trazable. Un requisito que busca asegurar que cada paso del proceso quede registrado de manera accesible y verificable, facilitando tanto la labor judicial como el control institucional.
Asimismo, la Sala ordenó controlar los actos de comunicación —notificaciones, citaciones y emplazamientos— a las partes procesales para que se realicen a través del SEJE, verificando su correcta ejecución y eficacia. Una disposición que pretende agilizar los plazos procesales y reducir los riesgos asociados a la notificación física tradicional.
La Sala de lo Penal indicó también que se deben gestionar las audiencias mediante el sistema, incluyendo su programación, desarrollo y registro completo dentro del expediente electrónico, así como la recepción, tramitación y resolución de todo escrito, petición o recurso. Una integración que busca centralizar la gestión procesal en una sola plataforma.
En casos excepcionales, la resolución subrayó que el juez debe autorizar expresamente el uso de medios alternativos al sistema. Una cláusula que reconoce posibles limitaciones técnicas o contextuales, pero que establece que la excepción debe ser justificada y documentada.
Para los operadores de justicia, la medida representa un ajuste en sus procedimientos diarios; para los usuarios del sistema, una expectativa de mayor agilidad y transparencia en la tramitación de sus casos. La implementación efectiva del SEJE dependerá ahora de la capacitación continua, el soporte técnico oportuno y la supervisión institucional para garantizar su cumplimiento.
Mientras los jueces del circuito se preparan para operar bajo este nuevo mandato, el mensaje que queda en el aire es claro: la modernización de la justicia no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para hacer más eficiente, accesible y confiable el servicio que el Estado brinda a la ciudadanía. Porque al final, más allá de los sistemas y las plataformas, lo que importa es que cada proceso judicial se resuelva con celeridad, rigor y apego a derecho.
