Salario mínimo 2026 sigue congelado mientras la inflación avanza: obreros y empresa privada no logran acuerdo

Con retroactividad al 1 de enero acordada por ambas partes, la negociación entra en su fase crítica en un entorno de alta inflación y combustibles en máximos históricos que erosionan el poder adquisitivo de los trabajadores.

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Tegucigalpa, Honduras. – Abril arrancó y el salario mínimo 2026 en Honduras sigue sin moverse. Mientras los precios de los combustibles acumulan 13 semanas consecutivas de alzas y la inflación presiona sin tregua el costo de vida de las familias hondureñas, los representantes de los obreros y la empresa privada no han logrado alcanzar el acuerdo que fije el nuevo monto del ajuste salarial para este año, en un impasse que se arrastra desde las reuniones sostenidas durante marzo sin resultados concretos.

El salario mínimo permanece congelado en un promedio aproximado de 13,985 lempiras mensuales, una cifra que varía según la actividad económica —distribuida en 10 sectores—, el tamaño de la empresa medido por número de empleados y la ubicación geográfica del trabajador.

Un esquema diseñado para ajustarse a la realidad de cada sector pero que en el contexto actual resulta insuficiente para absorber el impacto de una crisis económica que golpea con especial dureza a quienes dependen de ese ingreso para sostener a sus familias.

Lo que ambas partes sí tienen claro es que cuando llegue el acuerdo, este tendrá retroactividad a partir del 1 de enero de 2026, lo que significa que los trabajadores recibirán los incrementos correspondientes a los meses transcurridos desde el inicio del año, en un reconocimiento implícito de que el retraso en las negociaciones no puede traducirse en pérdida definitiva de ingresos para los sectores laborales.

El escenario que se avecina si las próximas reuniones no producen consenso es igualmente claro en la legislación hondureña: en ausencia de acuerdo entre las partes, le corresponde al Gobierno fijar los nuevos montos de ajuste, convirtiéndose así en árbitro de un debate que tiene consecuencias directas sobre el bolsillo de cientos de miles de trabajadores formales en todo el país.

El contexto en que se desarrollan estas negociaciones no podría ser más exigente. La inflación importada que genera la guerra en el Medio Oriente ya se está trasladando al precio de todos los bienes y servicios, el dólar supera los 26.68 lempiras con una depreciación interanual del 3.5% y la canasta básica acumula un alza del 8% en el primer trimestre del año, en un entorno que convierte la negociación salarial en una carrera contra el tiempo donde cada semana de retraso es una semana más en que los trabajadores absorben pérdidas reales de poder adquisitivo sin el ajuste que la ley les garantiza.

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