El viernes, el estado brasileño de Sao Paulo acordó compensar a los familiares de nueve jóvenes que murieron durante una acción de la Policía Militar desplegada en el barrio de Paraisopolis mientras se realizaba una fiesta funk masiva el 1 de diciembre de 2019.
La Defensoría Pública de Sao Paulo y la Procuraduría General de la República concretaron los acuerdos administrativos para el pago de indemnizaciones por parte del gobierno subnacional, que reconoció su responsabilidad por lo sucedido luego de que la Policía irrumpiera violentamente en un espectáculo de funk donde bailaban unas 5.000 personas.
Según la reconstrucción oficial de los hechos, la Policía Militar buscaba a dos sospechosos que se habían escondido entre la gente.
Para forzar a los sospechosos a salir de sus escondites, los agentes dispararon botes de gas lacrimógeno y perdigones, provocando una estampida que dejó decenas de heridos y nueve muertos, todos ellos jóvenes de entre 14 y 23 años.
El tuit dice: «Familia, amigos y movimientos sociales realizaron un acto en memoria de los 9 jóvenes que murieron en el operativo de la Policía Militar de Sao Paulo realizado en el funk ball DZ7 de Paraisopolis hace dos años».
En los acuerdos alcanzados con sus familiares, el estado de Sao Paulo reconoció que las muertes fueron resultado de «una acción fallida» y se comprometió a pagar una indemnización. Los montos de estas indemnizaciones no fueron divulgados a solicitud de los familiares de las víctimas.
Actualmente, la Fiscalía de Sao Paulo también está procesando acciones penales por asesinato y fraude contra una decena de policías militares involucrados en el operativo Paraisopolis. El magistrado a cargo del caso está revisando la información disponible en un «segundo análisis».
«El Estado extermina a los negros no solo en los barrios marginales de Río de Janeiro. También ocurre en otros lugares como Sao Paulo, Bahía o Pernambuco», comentó el editor de Voz da Comunidade, Jonas Di Andrade.
