Tegucigalpa, Honduras. – Aprobadas las nuevas herramientas legales contra las estructuras criminales, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, considera que el siguiente paso debe reflejarse en resultados concretos de seguridad para la población.
“Esperamos que haya respuestas contundentes y que la gente perciba que puede trabajar honestamente, salir de su casa y volver sin peligro, amenaza y miedo de ser asaltado o extorsionado”, manifestó este viernes el congresista por Olancho.
Sarmiento se refirió a la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional, aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional el 22 de septiembre, incluyendo los votos de la bancada de Libre. La normativa entró en vigencia tras su publicación en La Gaceta el 26 de septiembre.
El diputado señaló que el Congreso Nacional ya cumplió su papel legislativo y sostuvo que ahora corresponde a las instituciones encargadas de aplicar la ley responder a las expectativas generadas por las reformas.
Entre esas instituciones mencionó a la Policía Nacional, sus diferentes unidades, la Policía Militar del Orden Público (PMOP), el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales.
La legislación establece nuevas disposiciones para combatir a las organizaciones declaradas terroristas y endurece el régimen penitenciario aplicable a sus integrantes, incluyendo su ubicación obligatoria en regímenes de máxima o alta seguridad. También contempla mecanismos de coordinación entre las instituciones de seguridad y justicia.
Sarmiento insistió en que la seguridad constituye una de las principales demandas ciudadanas y sostuvo que la población “quiere, exige y merece seguridad”, al tiempo que recordó el carácter inviolable del derecho a la vida.
El parlamentario consideró además que todavía existe espacio para impulsar más reformas en materia de seguridad.
A su juicio, uno de los desafíos que permanece es la percepción ciudadana sobre los niveles de impunidad, por lo que planteó que las modificaciones legales deben ir acompañadas de respuestas de las instituciones responsables de investigar, perseguir y juzgar el delito.
La expectativa expresada por Sarmiento se produce mientras comienza la aplicación del nuevo marco legal, que también permite al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) declarar determinadas zonas como “Territorios de Alto Riesgo” y establecer medidas especiales de control y vigilancia.
