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Secretario privado de la Presidencia asegura ausencia de casos de corrupción en el Gobierno de Xiomara Castro

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Tegucigalpa – Héctor Manuel Zelaya, secretario privado de la Presidencia, enfatizó que la actual administración gubernamental no ha experimentado casos de corrupción, lo cual se evidencia en la ausencia de escándalos relacionados con presuntos actos irregulares en diversas secretarías e instituciones.

En declaraciones recientes, Zelaya subrayó que la creación del Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción es un reflejo del compromiso del Gobierno de Xiomara Castro en la prevención de prácticas corruptas.

«Se creó el Ministerio de Transparencia y lucha contra la corrupción, precisamente en esa misma línea que la Presidenta ha definido muy bien. Ahora mismo se ven todos estos ahorros que está teniendo el Estado porque ya no hay corrupción en las acciones que está haciendo el Gobierno», afirmó Zelaya.

El funcionario destacó que la prevención de la corrupción se logra a través del ejemplo, la implementación de medidas que promueven la transparencia y, sobre todo, mediante resultados «palpables».

Según sus declaraciones, hasta la fecha, no se ha informado de ningún escándalo de corrupción, contratos amañados, concesiones irregulares o leyes direccionadas hacia sectores específicos para otorgar privilegios.

En cuanto a la posible implementación de un mecanismo anticorrupción, Zelaya reconoció la complejidad del proceso, señalando que implica un extenso marco legal que requiere tiempo para su desarrollo. No obstante, aseguró que el Gobierno actual está totalmente dispuesto a abordar esta cuestión.

En relación con la posibilidad de cambios en el Gabinete de Gobierno, Zelaya mencionó que la presidenta Xiomara de Zelaya convocará a un Consejo de Ministros la próxima semana para evaluar a los funcionarios.

Asimismo, abordó la cuestión de las próximas elecciones, destacando que la familia Zelaya respeta las prohibiciones constitucionales en relación con la reelección, manifestando su oposición a prácticas ilegales que alteren la Constitución de la República a conveniencia personal.

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