Tegucigalpa, Honduras.— El sector empresarial de la capital hondureña expresó su rechazo frontal a las iniciativas del partido gobernante Libertad y Refundación (Libre) de impulsar movilizaciones callejeras y plantear una Asamblea Nacional Constituyente como alternativa para enfrentar la crisis electoral, considerando estas propuestas como amenazas al orden democrático establecido.
La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT) emitió una declaración categórica donde «reitera que el proceso electoral debe resolverse por las vías legales y técnicas preestablecidas, respetando el marco constitucional vigente y los mecanismos democráticos definidos», rechazando explícitamente cualquier intento de alterar los procedimientos institucionales vigentes.
El gremio empresarial calificó como inaceptables los intentos de «convocar a movilizaciones, promover escenarios de presión social o plantear que una Asamblea Nacional Constituyente sea la vía para resolver los problemas del país», considerando estas estrategias como desviaciones peligrosas del proceso democrático que requiere soluciones técnicas y no políticas.
La CCIT caracterizó estas iniciativas como «aseveraciones carentes de sustento técnico, orientadas a atender intereses particulares o coyunturales, y no a la búsqueda del bien común que Honduras requiere en este momento», cuestionando las motivaciones detrás de las propuestas del partido oficialista y su pertinencia para resolver la crisis electoral.
El sector privado enfatizó que «los hondureños, de manera ejemplar ya expresaron su voluntad en las urnas, el pasado 30 de noviembre, y esa decisión debe ser respetada», defendiendo la legitimidad del proceso electoral y rechazando cualquier intento de invalidar o cuestionar masivamente los resultados expresados por la ciudadanía.
La declaración empresarial estableció que «cualquier diferencia o inconformidad debe canalizarse dentro de los procedimientos legales correspondientes, evitando mensajes que generen división, polarización o zozobra en la población», promoviendo el uso exclusivo de mecanismos institucionales para resolver las controversias electorales pendientes.
La CCIT dirigió un llamamiento específico «a todos los actores políticos, sociales y económicos a actuar con prudencia, responsabilidad y madurez democrática, priorizando el interés nacional por encima de agendas particulares», exigiendo que los líderes antepongan la estabilidad del país a sus intereses partidarios o personales.
El gremio concluyó que «Honduras necesita estabilidad, certidumbre jurídica y señales claras que permitan avanzar hacia la recuperación económica, la generación de empleo y el fortalecimiento institucional», vinculando directamente la resolución ordenada de la crisis electoral con las perspectivas de desarrollo económico y social del país.
La posición de la CCIT refleja las preocupaciones del sector empresarial sobre el impacto económico de la prolongación de la incertidumbre política y su potencial efecto negativo en la confianza de inversionistas, el clima de negocios y las perspectivas de crecimiento económico durante los próximos meses.
El rechazo empresarial a las propuestas de Constituyente evidencia el temor del sector privado a cambios institucionales profundos que podrían alterar el marco legal y regulatorio bajo el cual operan las empresas, generando mayor incertidumbre en un contexto ya complejo por la crisis electoral.
La insistencia en resolver la crisis «por las vías legales y técnicas preestablecidas» subraya la preferencia empresarial por la estabilidad institucional y la previsibilidad jurídica, consideradas fundamentales para el funcionamiento eficiente de los mercados y la atracción de inversiones productivas.
El llamado a evitar «mensajes que generen división, polarización o zozobra» refleja la percepción empresarial de que el discurso político confrontativo y las amenazas de movilización pueden agravar la crisis de confianza y afectar negativamente el desempeño económico del país.
La vinculación entre estabilidad política y recuperación económica evidencia la comprensión empresarial de que la resolución ordenada de la crisis electoral es prerequisito indispensable para retomar la senda del crecimiento y generar las condiciones necesarias para la creación de empleo y el fortalecimiento institucional.
