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Sectores empresariales presionan por empleo por hora tras perder 300 mil plazas: «Semana Santa está a la vuelta de la esquina»

Daniel Fortín de la CCIT instó al nuevo Congreso a aprobar la ley como prioridad urgente mientras turismo, Cohep y economistas demandan flexibilización del mercado laboral con garantías sociales, tras cuatro años perdidos que generaron informalidad y desempleo en temporadas altas.

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Tegucigalpa, Honduras. – La reactivación del empleo por hora tomó fuerza este jueves desde diversos sectores empresariales que presionan al nuevo Congreso Nacional para que apruebe como prioridad urgente esta normativa, tras la pérdida de 300 mil empleos desde su derogación hace cuatro años por el Legislativo saliente.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Daniel Fortín, fue categórico al instar a que esta ley se vuelva a aprobar, argumentando que «esas personas están listas para volver a trabajar, la empresa privada también está lista para trabajar con el empleo por hora, perdimos mucho tiempo en el sector turismo«.

Fortín enfatizó la urgencia de la aprobación señalando que «Semana Santa lo tenemos a la vuelta de la esquina«, destacando que muchas oportunidades laborales se dan en momentos como Semana Santa, en el mes de julio cuando se entrega el catorceavo mes de salario, en el feriado morazánico y en la Navidad, todas temporadas perdidas durante los últimos cuatro años.

«Entonces, si eso lo hicimos, se perdió obviamente por cuatro años, entonces yo le pido a este Congreso que sea una de las primeras leyes que se aprueben porque Semana Santa lo tenemos a la vuelta de la esquina», señaló el representante de la empresa privada capitalina.

El dirigente empresarial recalcó que esta ley de empleo por hora antes de su derogación tenía beneficios sociales a los trabajadores. «La ley no es que estaba mal en sí, o sea, pequeños detalles le podrían haber cambiado», manifestó, sugiriendo que se puede perfeccionar la normativa sin rechazarla completamente.

Por su parte, el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Eduardo Facussé, señaló que «debemos avocarnos todos a hacer las reformas correspondientes dentro del Código de Trabajo para que se implemente la ley del trabajo parcial«, recalcando que en Honduras se deben crear condiciones que muchas empresas necesitan mediante este tipo de empleo.

El presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), Andrés Erhler, aportó una perspectiva importante al señalar que «muchas veces el problema no está marcado en cuántos empleos se pierden, sino en cuánta informalidad del empleo se genera», evidenciando que la derogación no eliminó la necesidad sino que empujó el trabajo hacia la economía informal.

«Esperamos que este CN abra las puertas nuevamente al diálogo, siente a las partes para poder llegar a un acuerdo y que haya la construcción de una Honduras donde todos tengamos la oportunidad de tener un espacio laboral«, manifestó Erhler, llamando a un proceso consensuado que involucre a empleadores y trabajadores.

El tema cobró relevancia durante la instalación de la junta directiva provisional del Legislativo, donde se señaló que se trabajará en las transformaciones al sistema de justicia, incentivos reales para la inversión extranjera, descentralización efectiva, reforma al Código del Trabajo para emplear el empleo por hora, y apoyo directo al productor y agricultor hondureño.

La expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Amparo Canales, indicó que la nueva legislatura debe priorizar la ley de empleo por hora con las plenas garantías laborales, además de recalcar que esto permitiría flexibilizar el mercado laboral en Honduras sin vulnerar derechos.

«Conozco muchos jóvenes aquí en la universidad (UNAH), que necesitan un empleo, pero que también quieren avanzar en su carrera. Esas oportunidades no son fáciles, y esta ley puede ayudar a crear ese tipo de espacios laborales«, señaló Canales, destacando el beneficio para estudiantes que necesitan trabajar sin abandonar sus estudios.

La cifra de 300 mil empleos perdidos revelada por la CCIT evidencia el impacto negativo que tuvo la derogación de esta normativa, especialmente en el sector turismo que depende de contrataciones temporales durante las temporadas altas que concentran la mayor afluencia de visitantes.

La presión coordinada de múltiples sectores empresariales —comercio, industria, turismo y economistas— representa un frente común que busca convencer al nuevo Congreso Nacional encabezado por Tomás Zambrano de que esta legislación debe ser prioridad en la agenda legislativa.

El argumento de que la ley no estaba «mal en sí» sino que requería «pequeños detalles» por cambiar sugiere que el sector empresarial está dispuesto a negociar mejoras en la normativa que respondan a las preocupaciones de los sectores laborales que se opusieron a su implementación.

El llamado al diálogo y a «sentar a las partes» representa un cambio de enfoque respecto a la forma en que se intentó implementar originalmente, reconociendo la necesidad de construir consensos entre empleadores, trabajadores y gobierno para que la ley sea sostenible.

La informalidad laboral mencionada por Canaturh representa uno de los efectos no deseados de la derogación: los empleos temporales no desaparecieron sino que se trasladaron al sector informal, donde los trabajadores carecen de protección social, seguridad laboral y beneficios.

La mención específica de Semana Santa como plazo urgente evidencia que el sector turismo necesita definiciones rápidas para poder planificar las contrataciones de la temporada alta que se aproxima, una de las más importantes del año para hoteles, restaurantes y servicios turísticos.

El nuevo Congreso Nacional enfrenta así la presión de diversos sectores para aprobar una normativa controvertida que durante la gestión anterior fue derogada por presión de sectores sindicales y sociales que la consideraban una precarización del empleo.

El desafío para la nueva legislatura será encontrar un equilibrio que permita la flexibilización del mercado laboral que demanda el sector empresarial, mientras garantiza los derechos laborales y la protección social que exigen los trabajadores y sus organizaciones.

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