Tegucigalpa – La inconstitucionalidad de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDEs) ya había sido advertida y ahora la sentencia del Supremo tendrá serias consecuencias jurídicas y económicas, destacó el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano.
La decisión de aplicar un efecto “Ex Tunc” a la sentencia, que anula los actos desde su origen, es particularmente preocupante, según Solórzano.
El abogado lamentó que las influencias políticas hayan afectado decisiones previas de los plenos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo que ha perjudicado la seguridad jurídica del país.
“La política ha contaminado al Poder Judicial y puesto en precario la confianza en el Estado de Derecho”, señaló.
Solórzano también mencionó la preocupación por las posibles repercusiones de este fallo sobre los inversionistas afectados, indicando que es probable que haya más desarrollos en esta situación.
Este viernes, la CSJ dictaminó por mayoría la inconstitucionalidad del Decreto 236-2012 y del Decreto 120-2013 que regulan las ZEDEs, afirmando que estos decretos vulneraban artículos fundamentales de la Constitución, lo cual tiene un impacto directo y considerable en la estructura jurídica y económica del país.
