Tegucigalpa, Honduras. – La exdiputada Maribel Espinoza lanzó este domingo un ultimátum al Congreso Nacional: si los legisladores no presentan los juicios políticos contra los funcionarios que, a su juicio, violaron la Constitución de la República durante el proceso electoral de 2025, la sociedad civil tomará el asunto en sus propias manos mediante una iniciativa ciudadana para solicitarlos directamente.
«Es indispensable poner en marcha los juicios políticos contra todos aquellos funcionarios que, a pesar de haber jurado ante la Constitución de respetarla y hacerla cumplir, no lo hicieron», expresó Espinoza, quien precisó que dará un compás de espera a los diputados hasta finales de marzo o principios de abril, fecha límite tras la cual comenzarían a recolectar firmas ciudadanas para formalizar la solicitud desde la sociedad civil.
La exlegisladora fue específica en los nombres que, a su criterio, deben enfrentar este proceso: el consejero del CNE, Marlon Ochoa; el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán; y la interpelación del Fiscal General, Johel Zelaya.
Asimismo, señaló que este último «ya no tiene excusas» para enjuiciar a Luis Redondo y Roosevelt Hernández por lo que calificó como actos más que evidentes. Espinoza expresó su esperanza de que todas las bancadas, a excepción de Libre, demuestren civismo empujando los juicios políticos contra quienes pusieron en precario la democracia hondureña.
La exdiputada fue contundente al advertir sobre las consecuencias de la inacción: «No es posible que en este país cuando se le ocurra a un politiquero se viole la Constitución y las leyes. Eso solo destruye el Estado de derecho, y si no se les pone un alto van a seguir cometiendo abusos, de cualquier partido que esté en el poder».
Con igual firmeza reflexionó que si Honduras no da ejemplos ante la violación reiterada de su carta magna, «el país va a la deriva».
Espinoza también aprovechó para señalar una deuda histórica del Poder Judicial con la ciudadanía, denunciando que se están fijando audiencias en materia laboral para el año 2030. «Qué tipo de justicia es esa.
Los ciudadanos tienen derecho a una justicia expedita y pronta, eso es inconstitucional», reprochó la exlegisladora, quien cerró su pronunciamiento garantizando que seguirá siendo voz crítica frente a cualquier gobierno, sin importar quién ostente el poder.
