Si procesan a Micheletti también deberían imputar a Rixi Moncada: Abogado penalista

El abogado Héctor Pérez señala que si se presentan requerimientos contra el expresidente por delitos políticos de 2009, también deberían proceder contra la actual candidata de Libre

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Tegucigalpa – El abogado penalista Héctor Pérez cuestionó el criterio selectivo en la aplicación de la justicia al señalar que si se están presentando requerimientos fiscales contra el expresidente Roberto Micheletti por supuestos delitos políticos, también deberían iniciarse acciones legales contra Rixi Moncada, actual candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), argumentando que ambos casos fueron contemplados en el Acuerdo de Cartagena.

«Si le van a emitir requerimiento a Roberto Micheletti, también debe ser a Rixi Moncada, porque sus delitos fueron perdonados por el acuerdo de Cartagena», manifestó Pérez en referencia a los acontecimientos de la crisis política de 2009.

El especialista en derecho penal explicó que el Acuerdo de Cartagena estableció medidas para pacificar el país tras la crisis política, indicando que «se estaban perdonando los delitos políticos… en ese acuerdo iba incluido cualquier tipo de delito que pueda haber cometido Roberto Michelletti siendo presidente en ese entonces». Agregó que, siguiendo el mismo criterio, «al retomar implicaría que se debe imputar los delitos del oficialismo, en este caso a la abogada Rixi Moncada se le encontró con varios millones de lempiras».

Pérez sostuvo que el timing de estas acciones judiciales revela un componente de persecución política, especialmente considerando que los requerimientos se están presentando en un año electoral. «¿Por qué no lo hicieron en el primer año de la presidenta Xiomara de Zelaya? Es una persecución política, es clara y lo que se pretende crear es intimidación para doblegar a la oposición política», concluyó.

Estas declaraciones se producen en medio de crecientes tensiones políticas en Honduras, donde diversos sectores han expresado preocupación por la posible judicialización selectiva de casos vinculados a la crisis política de 2009, dependiendo de la actual afiliación partidaria de los implicados.

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