Tegucigalpa, Honduras. – Una advertencia que resuena como una alarma en el sistema democrático hondureño. La integrante del pleno del Consejo Nacional Electoral, Cossette López, señaló que no aplicar el juicio político para ciertos personajes es no defender Honduras ni su democracia, al tiempo que advirtió una guerra civil en las próximas elecciones si no se toman los correctivos.
Las palabras de la funcionaria electoral fueron directas y sin filtros. «Hay méritos para ciertas personas se le haga juicio político», recalcó ante periodistas este jueves durante un conversatorio sobre las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.
Para López, fabricar pruebas en contra de alguien, sindicar o iniciar procesos al margen de la ley es grave, una situación que no puede quedar en la impunidad.
Un tema que le genera emociones encontradas es la narrativa sobre el conteo de votos. Comentó que le causa gracia y lástima que personas señalen que el CNE no contó los votos, cuando el órgano electoral lo que cuenta son las actas. Una distinción técnica que, según ella, ha sido malinterpretada intencionalmente.
Los responsables del «secuestro» del proceso
Cuando se le preguntó quiénes secuestraron el proceso, López fue clara: los partidos políticos, ya sabemos cuáles fueron, y ellos tienen un clima de impunidad. Una acusación que pone el dedo en la llaga sobre lo que ella considera fue una apropiación indebida del proceso democrático.
Su crítica se extendió al Ministerio Público, que en sus palabras «estaba sentado viendo TikTok en lugar de estar trabajando». La funcionaria reprochó que la institución se negó a recibir denuncia y se convirtió en un elemento fundamental para que pudiera detenerse el secuestro del proceso electoral.
Cuestionó que hubo partidos políticos y figuras que exigían que se hicieran recuentos frente a los micrófonos y los detenían cada vez que se decretaban, una actitud que calificó de hipocresía y cinismo social. Los comportamientos evidenciaron una conducta antidemocrática que refleja patologías sociales de ciertas figuras.
Las amenazas que persisten después de las urnas
Para López, la solución va más allá de los cambios normativos. No solo se requiere de reformas electorales, sino trabajar contra la impunidad aplicando las leyes. «Pasamos las elecciones, pero la democracia de Honduras todavía tiene muchas amenazas», reflexionó la funcionaria.
Advirtió que se ciernen peligros sobre las instituciones y tenemos personas que en cuatro años van a decir líneas narrativas de fraude. Una proyección que debería preocupar a todos los actores políticos del país.
El costo humano del proceso electoral también salió a la luz. López lamentó que 21 personas de su equipo de trabajo resultaron hospitalizados durante el proceso electoral del 2025. Una cifra que refleja la tensión y los riesgos que enfrentaron quienes trabajaron en las urnas.
La funcionaria enfatizó que se debe sentar un precedente social de juicio político para defender a la democracia. Advirtió que si estas personas obtienen perdón volverán a repetir los mismos hechos. Una advertencia que pone sobre la mesa las consecuencias de no actuar con firmeza.
Subrayó que los informes de misión de observación electoral deben reflejar la dureza de lo que fue el proceso electoral, que calificó como atípico y anormal. Una caracterización que resume su visión sobre lo ocurrido en las urnas hondureñas.
Una decisión pendiente sobre su futuro
En otro frente, López admitió que ha recibido propuestas de un cargo en el gobierno, pero que no ha tomado una decisión. Un dato que abre interrogantes sobre su futuro dentro de la estructura del Estado.
El mensaje final de Cossette López es contundente: la democracia no se defiende con discursos, sino con acciones concretas que establezcan precedentes. Si no hay justicia para quienes violaron el proceso electoral, la historia podría repetirse en los próximos comicios. La pelota está en la cancha de las instituciones llamadas a aplicar la ley.
