Tegucigalpa, Honduras. – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) respaldó el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público contra el general en condición de retiro Roosevelt Hernández, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, por presuntos ataques contra la libertad de expresión.
A través de una publicación en la red social X, el organismo internacional afirmó que la decisión de investigar al exjerarca militar constituye un avance en la protección de la libertad de expresión.
No obstante, la SIP advirtió que el proceso debe desarrollarse con independencia, imparcialidad y apego a la ley.
“Ahora es esencial que el proceso sea independiente, imparcial y permita esclarecer los hechos con total transparencia”, publicó el organismo.
El pronunciamiento surge luego de que el Ministerio Público presentara el primer requerimiento fiscal contra un exjefe castrense por los presuntos delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de derechos fundamentales.
Los hechos investigados están relacionados con publicaciones difundidas desde medios institucionales de las Fuerzas Armadas, en las que fueron señalados periodistas y diversos medios de comunicación.
El requerimiento fiscal también ha recibido el respaldo del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), organizaciones de derechos humanos y periodistas que aseguran haber sido afectados por las publicaciones.
Hernández fue citado para comparecer el próximo 7 de agosto a la audiencia de declaración de imputado, donde deberá responder ante las autoridades judiciales por los señalamientos en su contra.
Por su parte, el exjerarca militar rechazó las acusaciones, aseguró que actuó conforme a la Constitución y afirmó que se presentará ante las autoridades para enfrentar el proceso.
El respaldo de la SIP añade un componente internacional al debate sobre el caso, especialmente por su vínculo con la protección de la prensa y el respeto a los derechos fundamentales.
Aunque el organismo valoró positivamente la investigación, también dejó claro que el proceso debe garantizar transparencia, independencia judicial y respeto a las garantías legales de todas las partes involucradas.
