Tegucigalpa – La Sala II del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa emitió este miércoles un sobreseimiento definitivo a favor de Rafael Barahona, director del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), quien estaba siendo investigado por presunta malversación de caudales públicos. La resolución se basó en la aplicación de la Ley de Amnistía Política.
El caso de Barahona se remonta al periodo del gobierno de José Manuel Zelaya Rosales, cuando ocupaba el cargo de gerente administrativo en la Secretaría de la Presidencia.
Durante este tiempo, se le acusó de desviar fondos provenientes del gobierno de Taiwán, lo que generó controversia y un proceso judicial en su contra.
Sin embargo, al igual que otros funcionarios de la actual administración, Barahona se vio beneficiado por un decreto aprobado en el Congreso Nacional a principios del año 2022.
Este decreto de amnistía, impulsado por el diputado Rasel Tomé de Libertad y Refundación (Libre), buscaba otorgar beneficios legales a perseguidos políticos y personas relacionadas con el periodo del golpe de Estado en Honduras en 2009.
El proceso legislativo, presidido por el diputado Luis Redondo, desató críticas y controversias, ya que diversos sectores lo interpretaron como un intento de pacto de impunidad.
La ley de amnistía abarcó a exfuncionarios que ejercieron entre 2006 y 2009, así como a personas perseguidas por participar en protestas durante la crisis política que siguió al golpe de Estado.
Entre los beneficiarios de esta ley se encontraban el exministro de la presidencia Enrique Flores Lanza, absuelto de once delitos de malversación, y Marcelo Chimirri, entre otros.
La medida legislativa, aunque polémica, puso fin a ciertos procesos judiciales y generó debates sobre la justicia, la impunidad y el sistema político hondureño.
