Socios de Koriun mantienen protesta pacífica en Choloma para exigir devolución de su dinero

Afectados por la empresa Koriun salieron nuevamente a las calles de Choloma para exigir respuestas concretas de las autoridades y recuperar los fondos que aseguran haber perdido.

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Choloma, Cortés. – Un grupo de socios de Koriun realizó la tarde de este sábado una protesta pacífica en el municipio de Choloma, exigiendo una solución que les permita recuperar el dinero que invirtieron en la empresa.

Los manifestantes señalaron que esperan ser atendidos por las nuevas autoridades gubernamentales, a quienes piden establecer un diálogo directo para encontrar salidas a la problemática que enfrentan.

Asimismo, hicieron un llamado al presidente Nasry Asfura para que intervenga y dialogue con el fiscal general Johel Zelaya, con el objetivo de facilitar la devolución de los fondos.

Durante la movilización, los afectados reiteraron que mantendrán su presencia en las calles hasta obtener una respuesta favorable. Aunque la protesta se ha desarrollado de manera pacífica, algunos expresaron su preocupación por la falta de avances.

“La lucha sigue en las calles, de una forma pacífica hasta el momento, pero no sabemos después qué va a pasar”, manifestó uno de los socios.

Koriun ofrecía rendimientos del 5 % semanal, equivalentes a un 20 % mensual, y operaba sin autorización de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS). La empresa captaba dinero de nuevos inversionistas para pagar a los anteriores, un mecanismo conocido como esquema Ponzi, considerado insostenible.

La compañía tenía presencia en al menos siete departamentos del país y contaba con aproximadamente 35 mil aportantes. El pasado 23 de abril de 2025, el Ministerio Público, junto a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), aseguró las oficinas de Koriun en Choloma y otras ciudades, decomisando bienes, vehículos y cuentas bancarias.

Durante las acciones, las autoridades encontraron 358.7 millones de lempiras en efectivo y 69.2 millones de lempiras en cuentas bancarias. Por este caso, cuatro personas enfrentan procesos judiciales por los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir.

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