Tegucigalpa.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho recomendaciones para enfrentar la crisis y la Mesa Nacional de Derechos Humanos ha solicitado a Honduras una comisión internacional para investigar la violencia en las cárceles del país, evitar la militarización de estos centros y dar seguimiento esas recomendaciones.
En un comunicado, la organización humanitaria solicitó a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, crear una “comisión internacional para investigar la violencia en las cárceles”, en la nación centroamericana.
La Mesa Nacional de Derechos Humanos ofreció sus condolencias a la familia del reo fallecido el fin de semana producto de riñas simultáneas en cuatro penales que también resultaron heridas doce personas.
Enfatizó, “Ante esa realidad, demandamos de forma urgente que se realice una investigación con una comisión independiente constituida por organismos nacionales e internacionales para identificar a los responsables de los hechos y deducir responsabilidades para evitar que los hechos se repitan”.
Según la agencia, en el pasado, los gobiernos militarizaron las prisiones o designaron comités de supervisión como una reacción violenta a la violencia de los reclusos.
Pero según las organizaciones que integran la Mesa, “esas medidas han demostrado estar lejos de resolver la problemática” en las cárceles. La Mesa también señaló que la intervención de estos centros no solo debe responder a situaciones temporales sino a un plan que finalmente conduzca a una solución a largo plazo de la situación penitenciaria.
Luego de peleas en cuatro prisiones en todo el país durante el fin de semana, la presidenta Castro declaró una intervención penitenciaria «dura» y el lunes nombró a la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, para supervisar el esfuerzo.
Instó a la presidenta Castro a realizar “una depuración inmediata de todas las personas involucradas en violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad”, así como a explicar en cadena nacional lo que implica la intervención penitenciaria.
A pesar de tener una capacidad máxima de 14.780, el sistema penitenciario hondureño, que consta de unas 25 instalaciones, alberga actualmente a 19.842 reclusos, y menos de la mitad de ellos han recibido sentencia, según estadísticas oficiales.
La Mesa de Derechos Humanos expresó su preocupación por el incumplimiento por parte del Estado de Honduras de su obligación de mantener privados de libertad a los procesados y condenados al menos con la mayor distancia posible, así como de clasificarlos de acuerdo con otros factores reconocidos por la sistema internacional, lo que permitiría una administración penitenciaria acorde con los estándares de derechos humanos y disminuiría la violencia.
Además, instó al gobierno de Honduras a seguir las recomendaciones de la CIDH para resolver la crisis en los centros penales.
En un informe publicado en 2019, la CIDH señaló que Honduras sufre una “alarmantes niveles de hacinamiento, falta de separación entre personas procesadas y sentenciadas, deficiente infraestructura, falta de higiene y de servicios sanitarios y lugares dignos para pernoctar en las cárceles”.
Continuó: “una atención médica negligente, alimentación insuficiente y de poco valor nutricional, el escaso e inadecuado acceso al agua, y la ausencia de programas efectivos de reinserción social”, son problemas en las cárceles.
El Instituto Nacional Penitenciario (INP) debe tener el control del funcionamiento penitenciario, según una de las principales recomendaciones de la CIDH. La CIDH también insta a desarrollar un plan para la separación gradual de las Fuerzas Armadas de las funciones penitenciarias.
Recupere el control interno de las prisiones, deje de dar a los presos autoridad sobre sus propias acciones disciplinarias y establezca políticas para detener y acabar con el hacinamiento.
