Tegucigalpa, Honduras. – Una cifra que duele y que refleja la cruda realidad que viven las mujeres hondureñas. La defensora del derecho de las mujeres, Honorina Rodríguez, lamentó que entre el 5 y el 10 por ciento de los casos de violencia contra las mujeres se resuelven judicialmente. Además, expresó que continúan siendo altos los niveles de impunidad en el país.
Los números pintan un panorama desolador que no ha cambiado en décadas. «Los niveles de impunidad en los últimos 15-20 años se mantiene», lamentó Rodríguez. «Entre 5-10 por ciento de los casos son resueltos, el resto se queda sin resolver». Una estadística que muestra cómo la justicia falla a la mayoría de las víctimas.
Pero hay esperanza en el cambio de administración. La defensora dijo que las nuevas autoridades tienen en sus manos hacer un abordaje integral de toda la institucionalidad para atender esta problemática. Una oportunidad que no puede ser desperdiciada cuando hay tantas vidas en juego.
En sus declaraciones enfatizó que no se puede visualizar por parte de las autoridades que cuando se afecta a las mujeres se perjudica a sus niños, familias y tiene consecuencias en toda la sociedad. Un efecto dominó que destruye hogares enteros y deja cicatrices profundas en las comunidades.
La postura de las organizaciones de mujeres es clara: seguir exigiendo justicia y que ya no haya más mujeres asesinadas. Un clamor que se eleva desde cada rincón del país donde una madre, hermana o hija ha sido arrebatada por la violencia.
Un patrón cultural que debe romperse
Rodríguez explicó que la violencia contra las mujeres y los feminicidios están relacionados con un patrón cultural patriarcal aprendido. Este patrón provoca que los hombres adquieran mayor poder y hacen uso sobre los cuerpos de las mujeres. Una realidad estructural que requiere cambios profundos en la sociedad hondureña.
Pero la urgencia es cada vez más evidente. Sobre este tema, la integrante de la organización Visitación Padilla, Cristina Alvarado, urgió al Estado de Honduras a declarar una emergencia nacional ante la ola de violencia femicida que ya registra más de 41 muertes violentas de mujeres en lo que va del año.
La cifra de 41 muertes no es solo un número. Detrás de cada una hay una historia, una familia destrozada y una vida truncada por la violencia. Alvarado manifestó que las instituciones que responden al mandato de protección a la vida deben actuar de forma inmediata para atender esta situación terrible que arrebata la existencia de las mujeres de forma cotidiana.
El llamado de las organizaciones es un grito de auxilio que no puede ser ignorado. Cuando 41 mujeres han sido asesinadas en los primeros meses del año, algo está fallando en el sistema de protección. Las instituciones del Estado tienen la responsabilidad de proteger a las ciudadanas y garantizar su derecho a la vida.
La impunidad que rodea estos casos envía un mensaje peligroso: que matar mujeres no tiene consecuencias. Mientras el 90% de los casos se queden sin resolver, los agresores sabrán que pueden actuar sin castigo. Un círculo vicioso que solo se rompe con justicia efectiva y voluntad política.
Las nuevas autoridades tienen ahora la oportunidad histórica de cambiar este panorama. Con un abordaje integral que involucre a toda la institucionalidad, se puede avanzar hacia un país donde las mujeres puedan vivir sin miedo. Pero el tiempo corre y las vidas se siguen perdiendo mientras las decisiones se postergan.
El mensaje de las defensoras es contundente: basta ya de mujeres asesinadas. La justicia debe llegar para las víctimas y sus familias. La emergencia nacional que se solicita no es un capricho, es una necesidad ante una crisis humanitaria que cobra vidas todos los días.
Mientras las autoridades deciden cómo actuar, las organizaciones de mujeres mantienen la vigilia. Cada nombre de las 41 víctimas es un recordatorio de la tarea pendiente. La sociedad hondureña espera que este año sea diferente y que la violencia contra las mujeres deje de ser una sentencia de muerte sin castigo para los responsables.
