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Soy seria y rigurosa en mi labor como ministra de Derechos Humanos

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Tegucigalpa – La titular de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), Natalie Roque, ha reafirmado su postura respecto a la gestión de la institución gubernamental que encabeza, destacando que su enfoque no se inclina hacia la adulación ni busca establecer relaciones preferenciales con determinadas personas.

En relación con la ocupación de las instalaciones por parte de los empleados durante 26 días consecutivos, Roque subrayó su responsabilidad de informar al Ministerio Público sobre esta situación. En sus propias palabras, enfatizó: “No me caracterizo por halagar a nadie ni por mantener una actitud complaciente de forma constante.

Tampoco me identifico como una persona grosera, vulgar o que levanta la voz. Mi enfoque se centra en el cumplimiento estricto del deber, en la disciplina y en sostener reuniones con el equipo, aunque no con quienes participan en la toma de instalaciones”.

Asimismo, Roque defendió la existencia de normas en todos los entornos laborales que deben ser cumplidas. Expresó su preocupación por la falta de formación y conocimiento, señalando que se han implementado esfuerzos colaborativos con entidades como Infop, Servicio Civil y la Secretaría de Trabajo para proporcionar información sobre las normativas del servicio civil y las relaciones laborales, especialmente a aquellos empleados de nuevo ingreso.

Ante la pregunta sobre el motivo por el cual no se ha formalizado el contrato de los empleados, Roque explicó que el proceso está en manos de la Secretaría de Trabajo y que, legalmente, no pueden proceder a la firma de contratos mientras esta entidad no emita su resolución.

Enfatizó que la institución no puede tomar decisiones unilaterales mientras se espera la determinación de la Secretaría de Trabajo, que es el organismo regulador de la relación contractual.

Finalmente, Roque destacó la disposición al diálogo por parte de la Secretaría de Derechos Humanos. Esta postura se ha mantenido constante, a pesar de las dificultades surgidas desde el 18 de enero de 2024, situación que llevó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) a instar a las autoridades competentes a tomar medidas urgentes para resolver la situación.

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