El parlamento de Sri Lanka aprobó por una amplia mayoría un controvertido proyecto de ley de regulación de internet que ha sido criticado como una medida para reprimir la libertad de expresión en ese país del sur de Asia, previo a la elección presidencial y en medio de una crisis económica.
Por AP
El proyecto de ley “Seguridad en línea” permitiría que el gobierno establezca una comisión con una amplia gama de poderes, entre los que se incluye ordenar a las personas y a los proveedores de servicios que eliminen publicaciones consideradas como “declaraciones prohibidas”. También podría procesar legalmente a las personas que hagan esas publicaciones.
A pesar de las crecientes críticas, el gobierno encabezado por el presidente Ranil Wickremesinghe presentó el martes a debate el proyecto de ley, tras lo cual fue aprobado en la Cámara de 225 miembros, donde la coalición gobernante disfruta de una mayoría. Solo 62 legisladores votaron en contra.
Grupos de medios, de internet y de derechos civiles han pedido al gobierno que retire el proyecto de ley, diciendo que reprimiría la libertad de expresión y socavaría otras libertades.
Kalum Shivantha, secretario de la Asociación de Periodistas Profesionales de Internet de Sri Lanka, dijo que la ley tendrá un grave impacto en la forma en que hacen su trabajo. “Los periodistas en línea podrían recurrir a la autocensura e incluso nuestros sitios web de noticias podrían ser cerrados”, dijo.
Sin embargo, el ministro de Seguridad Pública Tiran Alles, quien presentó el proyecto ante el Parlamento, dijo que la ley abordaría problemas relacionados con fraudes, abusos y declaraciones falsas que ponen en riesgo la seguridad y la estabilidad nacional. Afirmó que el año pasado se presentaron más de 8.000 quejas relacionadas con crímenes en línea, incluidos el abuso sexual, fraudes financieros, acoso cibernético y robo de datos.
Alles añadió que el proyecto de ley no fue escrito para acosar a los medios o a los opositores políticos.
Sri Lanka aún no se recupera de su peor crisis económica, que golpeó a la nación isleña hace dos años. El país se declaró en quiebra en abril de 2022, con más de 83.000 millones de dólares en deuda, más de la mitad de la cual pertenece a deudores externos.
