Tegucigalpa – Las declaraciones del máximo jefe militar de Honduras, general Roosevelt Hernández, han generado sorpresa y preocupación en círculos políticos y de la sociedad civil al definir categóricamente a las Fuerzas Armadas como una «institución de poder para cumplir las políticas del gobierno», enfatizando que es el «poder político que comanda» a la institución castrense.
El jefe del Estado Mayor Conjunto del cuerpo armado hondureño explicó en términos que resultan inquietantes para la institucionalidad democrática que las «Fuerzas Armadas son un instrumento de poder» y que «es el poder político que comanda» a la institución militar. De manera particularmente llamativa, añadió que las decisiones gubernamentales «emplearán esta institución (las FFAA) para los fines políticos que ellos tengan», una formulación que despierta interrogantes sobre la independencia institucional del estamento militar.
Durante una entrevista con el medio UNE TV, el general Hernández profundizó en conceptos que resultan preocupantes al describir la posición de las Fuerzas Armadas frente al poder civil. «Somos una institución sujeta, somos obedientes, no deliberamos, no empezamos a votar, a tomar decisiones que le corresponden al poder político, nosotros solamente somos instrumentos de apoyo y poder» para realizar las políticas públicas gubernamentales, declaró.
Estas afirmaciones cobran particular relevancia en un contexto donde la historia hondureña ha estado marcada por intervenciones militares en la vida política, especialmente considerando el golpe de Estado de 2009 que derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya Rosales, actual coordinador del partido gobernante.
Pronunciamientos sobre modelo económico generan asombro
En un giro inesperado que amplifica las preocupaciones sobre el papel político de las Fuerzas Armadas, el máximo jefe militar hondureño se pronunció sobre temas económicos y educativos que tradicionalmente corresponden al ámbito civil. El general Hernández abogó abiertamente por «cambiar el modelo económico» nacional, una posición que resulta sorprendente viniendo del liderazgo castrense.
El militar citó al historiador israelí Yuval Harari, quien supuestamente habría hecho una analogía sobre Honduras señalando que el país «está destinado a desaparecer salvo que cambie dos situaciones: el modelo económico y el sistema educativo». Esta referencia a análisis geopolíticos por parte del jefe militar genera interrogantes sobre el alcance de las consideraciones políticas dentro del estamento armado.
De manera preocupante, el general Hernández no especificó qué modelo económico alternativo propondría, limitándose a señalar que el cambio del sistema educativo requiere recursos que dependen de la reforma económica. La vaguedad de estas propuestas, combinada con su origen militar, resulta inquietante para observadores de la institucionalidad democrática.
El jefe castrense justificó estos pronunciamientos argumentando que «como soldados no tienen una guerra convencional, pero son geopolíticos y geoestrategas», una explicación que amplía de manera preocupante el rol tradicional de las Fuerzas Armadas hacia áreas de análisis político y económico.
Rol asesor genera preocupación institucional
Particularmente alarmante resulta la admisión del general Hernández de que «como parte del estamento militar se convierten en asesores del sector político», una función que tradicionalmente debe mantenerse separada de la cadena de mando militar para preservar la institucionalidad democrática.
El máximo jefe militar añadió que cuando los ciudadanos realizan «gestas políticas para beneficiar a la colectividad, las Fuerzas Armadas están para acompañarlas y también para proteger al gobierno», una formulación que puede interpretarse como una politización preocupante del rol militar en procesos de movilización social.
Estas declaraciones se producen en un momento de creciente polarización política en Honduras, a menos de cinco meses de las elecciones generales, cuando el oficialismo ha convocado a movilizaciones masivas y denunciado supuestas intenciones de fraude por parte de la oposición.
La definición explícita de las Fuerzas Armadas como «instrumento de poder» gubernamental, combinada con pronunciamientos sobre política económica y el reconocimiento de un rol asesor político, genera preocupaciones legítimas sobre el mantenimiento de la subordinación militar al poder civil dentro de marcos institucionales apropiados para una democracia.
