Tegucigalpa.- La audiencia inicial en el caso de alto perfil contra el diputado del Partido Nacional, Nelson Márquez, y otros seis imputados por el delito de fraude, fue suspendida este martes por el Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán. La sesión judicial se reanudará el próximo jueves 14 de agosto a las 9:00 a.m.
El proceso contra Márquez, quien es una figura prominente del Partido Nacional en Intibucá y actual subjefe de la bancada de oposición, se desarrolla en un ambiente de alta tensión política, a pocos meses de las elecciones generales del 30 de noviembre.
El origen de la acusación
El caso, presentado por el Ministerio Público, se remonta a las secuelas del huracán Mitch en el año 2000. Según la acusación fiscal, el Estado de Honduras, utilizando fondos de cooperación internacional, adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc. para proyectos de reconstrucción.
El MP sostiene que esta empresa no estaba autorizada para operar en el país y que, de forma irregular, subcontrató a la compañía hondureña NAINSA.
La trama se complica en 2001, cuando el cooperante internacional canceló la ayuda debido a inconsistencias en el contrato. Años después, ambas empresas, DRC Inc. y NAINSA, promovieron demandas millonarias contra el Estado hondureño, basándose en un laudo arbitral que, según la Fiscalía, nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y, por lo tanto, carecía de validez legal.
El papel de Márquez en el caso
La acusación del Ministerio Público sitúa al diputado Nelson Márquez en el centro de la fase final del presunto fraude. En enero de 2020, cuando se desempeñaba como secretario de la extinta Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas), Márquez habría remitido un informe legal a la Procuraduría General de la República. Dicho informe recomendaba firmar un acuerdo ejecutivo con las empresas demandantes para, supuestamente, evitar una «erogación mayor» para el Estado.
Apenas un mes después de esa recomendación, Sedecoas y NAINSA suscribieron un convenio extrajudicial, acordando pagos millonarios al margen de los procesos judiciales que aún estaban en curso. Es este acto el que, según la Fiscalía, consumó el drenaje de 3,084 millones de lempiras de las arcas públicas.
