Tegucigalpa – Un juez suspendió la audiencia preliminar prevista para este lunes en contra del exdiputado, Reynaldo Ekónomo (2018-2022), acusado por delitos de corrupción en caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), informó el Ministerio Público.
La Fiscalía indicó que la audiencia se canceló porque la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado que presentó la defensa de Ekónomo.
«Dicha decisión paraliza todo el proceso en contra del excongresista» a quien se le supone responsable de los delitos de fraude y lavado de activos, en un caso al que denominó «14 contratos» que implicó un desfalco» en el IHSS por más de 158 millones de lempiras, dijo el Ministerio Público en un comunicado.
Además, agregó el ente acusador, la admisión del recurso de amparo a favor de Ekónomo «contrasta con el criterio de la Corte de Apelaciones del circuito anticorrupción», que el 19 de septiembre de 2022 confirmó el auto de formal procesamiento contra Reynaldo Ekónomo.
En septiembre de 2021, el Ministerio Público presentó ante la CSJ un requerimiento fiscal contra Ekónomo por considerarlo responsable de los delitos de lavado de activos y fraude a título de cómplice necesario, en perjuicio del IHSS.
Según el MP, cuando el exdiputado fungió en el año 2011 como gerente general del IHSS en San Pedro Sula, Cortés, al norte de Honduras, participó en la contratación fraudulenta y blanqueo de capitales de una empresa proveedora de servicios de infraestructura denominada OGO S. de R.L.
Por el mismo caso, el próximo 3 de febrero, se llevará a cabo la audiencia de proposición de pruebas contra otros 14 acusados en el fraude, que tiene que ver con obras no ejecutadas o a medio ejecutar entre los años 2010 y 2013, informó el Ministerio Público.
Las obras se realizarían en el hospital regional del norte del IHSS y clínicas periféricas en la colonia Calpules en San Pedro Sula, y en la clínica de la colonia Torocagua en Comayagüela.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, las obras fueron pactadas con seis empresas sampedranas a un costo superior a los 158 millones de lempiras y que fueron sobrevaloradas en un 52 por ciento, equivalente a casi 83 millones de lempiras.
