Tegucigalpa, Honduras – La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró con lugar una medida cautelar que suspende provisionalmente las diligencias investigativas del Ministerio Público (MP) en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, informó este domingo su representante legal, Gustavo Solórzano.
El amparo administrativo interpuesto por Solórzano fue admitido tras demostrar que el MP intentó emitir un requerimiento fiscal sin que se hubiera agotado el procedimiento constitucional previo: el juicio político ante el Congreso Nacional, exigido para funcionarios con fuero especial como los consejeros electorales.
“Se ordena que no se puede emitir requerimiento fiscal en contra de ella por las situaciones que se están acusando en el Ministerio Público”, explicó Solórzano al noticiero Hoy Mismo, al destacar que la decisión protege no solo a Hall, sino el principio de separación de poderes y la independencia del órgano electoral.
El abogado denunció que su clienta ha sido víctima de un “acoso institucional”, con investigaciones penales que “han interrumpido el buen funcionamiento del CNE” y han buscado “entorpecer el desarrollo del proceso electoral”.
Además, señaló que “poderes del Estado” —en clara alusión al Ministerio Público, sectores del Congreso y el gobierno saliente— han atacado sistemáticamente a las consejeras Hall y Cossette López, impidiéndoles ejercer plenamente sus funciones y sometiéndolas a una persecución política disfrazada de justicia.
La resolución de la Sala Constitucional establece un precedente crucial: cualquier acción penal contra altos funcionarios con fuero —como los miembros del CNE— debe respetar primero el mecanismo de juicio político, tal como lo establece el artículo 205 de la Constitución de la República.
Esta decisión no solo detiene temporalmente la presión sobre Hall, sino que refuerza la autonomía del CNE en un momento crítico, cuando su labor ha sido cuestionada mediante decretos legislativos y campañas de deslegitimación impulsadas por actores que rechazan los resultados electorales del 30 de noviembre.
La medida llega en medio de una profunda crisis institucional, a solo 15 días de la transición de gobierno, y envía un mensaje claro: la justicia electoral y la independencia de los órganos técnicos no pueden ser vulneradas por intereses políticos.
