Un nuevo anuncio llega como un balde de agua fría en la cabeza de miles de personas que entraron a Estados Unidos de manera legal, y ahora se sumarán al limbo migratorio en el que los deja la Administración de Donald Trump.
Por El País
Si hace unas semanas el republicano barrió con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que amparaba a unos 300.000 venezolanos, ahora su Gobierno la emprende contra los beneficiarios del parole humanitario — con el que Trump nunca ha simpatizado particularmente— y pone en peligro el curso de los procesos migratorios de otros que llegaron al país mediante programas de reunificación familiar heredados del mandato de Joe Biden.
Un memorando del Gobierno al que tuvo acceso CBS News —y la confirmación de dos funcionarios estadounidenses—, revela que la nueva Administración ordenó la puesta en pausa de todas las solicitudes de inmigración presentadas por nacionales de América Latina y Ucrania, que entraron al país de manera legal beneficiados con ciertos programas migratorios. En lo adelante, miles de personas que pensaban regularizar su estatus, ya sea presentando casos de asilo político, a través de amparos familiares o acogiéndose a algún tipo de ley que les permita el camino a la residencia, quedan completamente imposibilitados de seguir adelante con sus procesos.
En el memorando del día 14 de febrero, que salió a la luz pública en la noche del martes, Andrew Davidson, un alto funcionario de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), ordenó la “pausa administrativa” de todas las “solicitudes de beneficios pendiente” en la agencia, que opera bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Se trata, aparentemente, de una suspensión temporal e indefinida.
Son tres los programas cuyos beneficiarios permanecen afectados: el de parole humanitario, que permitió la entrada de un total de 530.000 nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela bajo el Gobierno de Biden; el programa de reunificación familiar para colombianos, ecuatorianos, centroamericanos, haitianos y cubanos que podían acceder a la residencia a través del vínculo con familiares naturalizados en Estados Unidos; y el programa Unidos por Ucrania, que ofreció refugio a unos 240.000 ucranianos con patrocinadores estadounidenses.
El fraude vuelve a ser el motivo del que los republicanos echan mano para ir una vez más contra este tipo de programas. El año pasado tildaron al de parole de “ilegal”, de “un desastre plagado de fraudes”. Ahora, según el memorando, la pausa en los procesos migratorios llega porque, en la actualidad, la “información sobre el fraude y la seguridad pública o las preocupaciones de seguridad nacional no están siendo debidamente señaladas en los sistemas de adjudicación de los USCIS”. Davidson aseguró que se encontraron miles de solicitudes con “patrocinadores en serie”, información de personas fallecidas o direcciones idénticas usadas por un mismo beneficiario y que algunos a quienes se le permitió la entrada al país “no fueron investigados completamente”.
El alto funcionario dejó saber que esta detención del proceso podría ser levantada cuando se lleve a cabo una “revisión y evaluación exhaustiva en el país de los extranjeros que son o fueron puestos en libertad condicional en los Estados Unidos en virtud de estos programas”.
Aún está por verse qué sucederá en lo adelante con los miles de personas que tienen protección y permiso de trabajo por dos años, y que aspiraban a alcanzar algún tipo de estatus legal, como es el caso de los cubanos, que luego de un año de permanencia en el país pueden beneficiarse con la llamada Ley de Ajuste y la consecuente obtención de la Tarjeta Verde.
Desde inicios de este mes se había conocido que el DHS contemplaba revocar el estatus legal a las personas que Biden permitió entrar al país con parole, las mismas que ahora podrían someter a un “proceso de deportación si no han solicitado, u obtenido, otro beneficio de inmigración”. No obstante, esta nueva medida ata a los migrantes de pies y manos para solicitar una residencia permanente, el asilo y algún estatus que le garantice su permanencia en el país.
La decisión es una muestra más de que, bajo la Administración de Trump, cualquier migrante puede estar en peligro. Tampoco es algo completamente inesperado, más cuando programas como el de parole humanitario —con el que cada mes entraban al país hasta 30.000 extranjeros— ha estado desde hace meses en la mira de los republicanos. Por eso lo eliminaron una vez tomaron el poder de la Casa Blanca, como mismo hicieron con la aplicación de CBP One y más tarde con el TPS, argumentando que era “contrario a las políticas de Estados Unidos”.
