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Suspensión del tratado de extradición genera críticas nacionales e internacionales hacia el gobierno de Xiomara Castro

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Tegucigalpa – La reciente decisión de la presidenta Xiomara Castro de suspender el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos ha generado una ola de críticas tanto a nivel nacional como internacional.

La medida, considerada precipitada, ha sido interpretada por diversos sectores como una respuesta a los próximos juicios en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se mencionan figuras cercanas al actual gobierno hondureño.

El canciller Enrique Reina fue instruido por la mandataria para llevar a cabo la suspensión del tratado, lo que ha causado preocupación en diferentes círculos políticos y sociales.

Algunos analistas sugieren que esta decisión refleja el temor de que personas vinculadas al entorno de Castro, incluyendo miembros de su familia, puedan ser solicitadas en extradición por la justicia estadounidense.

En 2022, el expresidente Manuel Zelaya, junto a otros líderes del Partido Libertad y Refundación (Libre), afirmó que su esposa, la presidenta Castro, no cancelaría las extradiciones. Sin embargo, la reciente orden contradice aquellas declaraciones, lo que ha generado una percepción de incoherencia en el gobierno.

A esto se suman las críticas del diputado Luis Redondo, quien advirtió sobre los peligros de eliminar la extradición, al señalar que podría beneficiar a estructuras criminales y políticas involucradas en narcotráfico.

La suspensión del tratado podría tener repercusiones negativas para el gobierno de Xiomara Castro, particularmente en un período preelectoral en el que Libre busca consolidarse en el poder.

Sectores de la opinión pública temen que esta decisión aleje a Honduras de los esfuerzos internacionales para combatir el narcotráfico y la corrupción, lo que podría erosionar la confianza en el liderazgo de la presidenta y su partido.

La reacción internacional no se ha hecho esperar, con críticas hacia el gobierno hondureño por la aparente falta de compromiso con la cooperación bilateral en temas de seguridad y justicia.

Analistas advierten que esta decisión podría tener un costo político significativo para el Partido Libertad y Refundación en las próximas elecciones.

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