El presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, decretó este miércoles en medio del juicio político en su contra la denominada “muerte cruzada”, que disuelve la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, y convoca elecciones generales anticipadas, de modo que gobernará mediante decretos hasta que asuma su sucesor.
En un mensaje a la nación, Lasso anunció esta medida contemplada en la Constitución ecuatoriana de 2008 con por “grave conmoción interna y política”, después de haber comparecido el martes ante la Asamblea para realizar su alegato de defensa ante la acusación formulada por la oposición por un presunto delito de peculado (malversación).
El mandatario recurrió a la “muerte cruzada” antes de esperar al debate que debía llevarse a cabo en la Cámara para posteriormente votar la moción de censura, en la que se requieren 92 votos para destituir al jefe de Estado, equivalentes a dos tercios del hemiciclo.
El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, ha invocado un recurso constitucional para disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones anticipadas. Según la Constitución del país, este recurso puede ser utilizado en situaciones en las que se considere que la Asamblea ha asumido funciones que no le corresponden, obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo de manera injustificada o en casos de grave crisis política y conmoción interna.
Lasso ha expresado su preocupación por lo que considera un proyecto desestabilizador por parte de algunos legisladores. Ha manifestado su intención de cumplir con su agenda de gobierno durante los cuatro años de su mandato, pero ha enfrentado múltiples intentos de destitución y derrocamiento en menos de dos años.
Además, el presidente ha denunciado que la Asamblea Nacional ha acosado políticamente a sus ministros, presentando numerosos enjuiciamientos políticos en su contra. Según Lasso, estas acciones han obstaculizado la implementación de su plan de trabajo propuesto para su período presidencial.
Ante la disolución del congreso, Lasso gobernará a través de decretos ley que estarán sujetos al control de la Corte Constitucional. Esta medida estará en vigor hasta que se realicen las nuevas elecciones.
El presidente ha firmado el primer decreto ley en materia económica y ha anunciado que lo someterá al dictamen favorable del alto tribunal constitucional.
