San Salvador. – El Salvador se encuentra este sábado en medio de una tensión política tras la convocatoria del presidente Nayib Bukele a los diputados para que realicen el domingo una sesión extraordinaria para aprobar un préstamo de 109 millones de dólares para financiar la tercera parte de un plan de seguridad contra las pandillas.
Los diferentes grupos parlamentarios en el Congreso han sostenido la mañana de este sábado reuniones por separado, según informó a periodistas el presidente del órgano Legislativo, Mario Ponce, quien además señaló que la Policía Nacional Civil (PNC) retiró a los agentes designados para brindar seguridad a cada uno de los diputados.
“Ante esta situación (retiro de agentes) es mi obligación, como presidente de este órgano, proteger a los diputados, especialmente a aquellos que fueron firmantes de los Acuerdos de Paz, como la diputada Nidia Díaz (del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional)”, dijo el parlamentario del Partido de Concertación Nacional (PCN, centro derecha).
Ponce no descartó ni aseguró si en la tarde de este sábado se convocará a una sesión extraordinaria para discutir y aprobar el préstamo que fue otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el cual es el punto de discordia entre el Ejecutivo y Legislativo.
El presidente Bukele convocó el viernes a los ciudadanos a presentarse el domingo a las 03.00 hora local (21.00 GMT) a la sede de la Asamblea Legislativa para presionar y exigir la aprobación de dicho préstamo, que no ha sido avalado porque integrantes de la Comisión de Hacienda, quienes estudian dicho préstamo, aseguran que el Ejecutivo no ha explicado con detalle en qué será ejecutado el dinero.
En una de las entradas al órgano Legislativo se ha comenzado a montar una tarima y se ha desplegado a un grupo de militares, según constató Efe.
El presidente del Congreso salvadoreño llamó este sábado a dialogar “para solucionar los problemas de El Salvador”.
“El diálogo es la apuesta de todos. El diálogo lo vamos a privilegiar para solucionar los problemas de El Salvador por muy graves que sean y el diálogo es la herramienta para encontrar la solución a los graves problemas del país”, dijo.
Por su parte, el secretario general del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Óscar Ortiz, demandó a Bukele “frenar sus amenazas, propias de una dictadura” y señaló que “los costos políticos de sus acciones podrían ser elevados para el país, pero también para él”.
“Condenamos categóricamente las acciones altamente peligrosas para el país, emprendidas por el presidente de la República”, señaló.
Ortiz llamó a la comunidad internacional “a estar vigilantes sobre esta situación promovida irresponsablemente por el presidente”.
El partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (Arena) pidió este sábado la intervención de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para resolver la tensión política que existe en este momento entre los órganos Legislativo y Ejecutivo.
El diputado Carlos Reyes leyó un comunicado ante periodistas en el que señaló que su fracción legislativa pide al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, a que, de conformidad con sus atribuciones,» active de inmediato los mecanismos preventivos establecidos en la Carta Democrática Interamericana para evitar el cumplimiento del orden constitucional en El Salvador y se actué para defender de inmediato el proceso de autogolpe actualmente en curso».
Agregó que el instituto político sí estudia la aprobación del préstamo del BCIE.
Bukele señaló el viernes que si los diputados no acuden a la sesión extraordinaria se “romperá el orden constitucional”.
“El orden constitucional aún no ha sido roto. La convocatoria está vigente y la plenaria debe realizarse el domingo (…) si los diputados no asisten, estarían rompiendo el orden constitucional y el pueblo tendrá la facultad de aplicar el artículo 87 de la Constitución”, publicó Bukele en su cuenta de Twitter.
Dicho artículo “reconoce el derecho del pueblo a la insurrección, para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterando por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en la Constitución”.
