Tegucigalpa – En medio de tensiones crecientes, el plan «Cero Deforestación al 2030» de Honduras enfrenta serios obstáculos. Según un comunicado de la Comisión de alto nivel, nombrada por la presidenta Xiomara Castro, ciertos sectores agrícolas y ganaderos han sido acusados de boicotear este proyecto gubernamental.
Juan Soto, representante legal de estos grupos, refutó en televisión nacional las acusaciones, alegando que sus acciones se basan en la defensa de derechos constitucionales legítimos, no en apoyar actividades delictivas relacionadas con la ocupación de reservas forestales.
Por otro lado, el Instituto de Conservación Forestal (ICF) indicó que persiste la deforestación en áreas protegidas como La Muralla y la biosfera del río Plátano, comprometiendo la sostenibilidad ambiental del país.
Luis Soliz, director del ICF, exhortó a los campesinos y ganaderos a participar en un diálogo constructivo y descartó cualquier negociación que involucre delitos ambientales, como la destrucción de narcolaboratorios o plantaciones ilegales.
Esta confrontación surge mientras el gobierno implementa medidas drásticas como la destrucción de viviendas en zonas forestales, lo que ha intensificado el debate sobre la equidad y efectividad de las políticas de conservación en Honduras.
La situación subraya la compleja interacción entre los derechos de las comunidades locales y los esfuerzos gubernamentales por preservar los ecosistemas críticos del país.
