Tegucigalpa – El titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, ha acusado al sector privado de intentar retrasar la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria por razones convenientes para ellos.
Ochoa ha recordado que en 2021 el Congreso Nacional aprobó el decreto 26-2021 de manera directa, lo que tuvo un gran impacto en las finanzas del país.
Según Ochoa, el proyecto de la Ley de Justicia Tributaria ha estado siendo socializado durante dos meses, tras sostener “sendas reuniones” con el sector privado. Sin embargo, el sector privado ha manifestado su deseo de retrasar la aprobación de este decreto para su propia conveniencia.
El titular del SAR ha argumentado que la mayoría de las exoneraciones que actualmente tienen las empresas les quedan entre 12 a 15 años, lo que significa que seguirán disfrutando de estas exoneraciones durante ese tiempo.
Ochoa ha señalado que no existe ninguna otra razón para que las empresas manipulen la información y motiven a sus empleados a movilizarse para defender sus privilegios.
Además, Ochoa ha mencionado que hay empresas que han gozado de exoneraciones durante 30 a 40 años, y ha indicado que este tipo de empresas ya pueden ser sostenibles sin estas exoneraciones.
El funcionario ha descartado que el gobierno pretenda criminalizar la protesta investigando a los autores de la marcha que ocurrió el martes en la ciudad de Choluteca.
Según Ochoa, el objetivo es determinar si la movilización fue legítima o si los empleados fueron coaccionados.
Ochoa ha subrayado que el gobierno no está en contra de las protestas, ya que ellos mismos estuvieron en la calle durante 12 años para combatir la corrupción.
Lo que buscan es que la movilización no esté motivada por intereses personales o empresariales, sino que sea en beneficio del país en general.
