Tegucigalpa – Las instalaciones de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) amanecieron tomadas este martes por empleados que han alzado la voz contra lo que consideran una ola de despidos injustificados en represalia por haber solicitado mejoras salariales tras tres años sin incrementos.
«Nos están despidiendo por exigir el derecho de tener un aumento salarial. Desde el año 2021 no hemos recibido ningún incremento, pese al alza en el costo de vida. Las condiciones laborales aquí son terribles», expresó una de las trabajadoras afectadas, quien solicitó mantener su identidad en reserva por temor a mayores represalias.
Según los manifestantes, la administración de ARSA comenzó a notificar despidos desde la tarde del lunes, alcanzando ya a 15 empleados. Sin embargo, la preocupación aumenta ante rumores de que este martes la cifra podría escalar dramáticamente, llegando a afectar a más de 200 trabajadores, lo que representaría una purga significativa en la institución.
Los empleados señalan una clara correlación temporal entre su solicitud formal de ajuste salarial y el inicio de los despidos, interpretándolo como una medida punitiva por exigir derechos laborales básicos. «Nos están sacando como delincuentes», afirmaron varios trabajadores durante una transmisión en vivo desde las afueras del edificio de ARSA difundida en redes sociales.
La protesta también ha evidenciado problemas más amplios en las condiciones laborales de la institución. Según los manifestantes, numerosos compañeros han optado por el teletrabajo como forma de protesta pasiva ante la falta de mejoras salariales, generando descontento en la administración.
Frente a versiones que circulan sobre supuestas exigencias excesivas por parte de los empleados, como una solicitud de 52 días de vacaciones, los trabajadores fueron contundentes en su respuesta: «Eso es totalmente falso. Lo único que pedimos es un ajuste justo y el respeto a nuestros derechos laborales. Nos están difamando para justificar los despidos», declararon.
El conflicto laboral en ARSA se produce en un contexto de creciente descontento en diversas instituciones públicas por la falta de ajustes salariales frente al incremento sostenido en el costo de vida. El congelamiento de salarios desde 2021 representa, en términos reales, una significativa pérdida de poder adquisitivo para los empleados públicos, considerando los índices inflacionarios reportados durante este período.
Los manifestantes han anunciado que mantendrán la toma de las instalaciones hasta recibir respuestas oficiales de las autoridades y garantías de que sus derechos laborales serán respetados. Hasta el cierre de esta edición, la dirección de ARSA no había emitido un comunicado oficial sobre la situación ni había respondido a las acusaciones de los trabajadores.
El conflicto pone de manifiesto las tensiones crecientes en el sector público hondureño, donde la contención del gasto en salarios contrasta con el incremento generalizado de precios que afecta la economía familiar de los trabajadores estatales.
