Tegucigalpa – La dirigencia nacional del transporte público anunció oficialmente que iniciará un paro de servicios la próxima semana ante los reiterados incumplimientos por parte del gobierno central, especialmente relacionados con el pago del bono compensatorio que mantiene estables las tarifas del transporte urbano en las principales ciudades del país.
La decisión fue tomada durante una asamblea desarrollada en la mañana con la dirigencia a nivel nacional, donde los empresarios del transporte expresaron su frustración porque el gobierno no quiere escuchar sus peticiones para mejorar las condiciones del servicio y resolver los problemas estructurales que enfrenta el sector.
El dirigente del transporte en la zona norte, Nelson Fernández, enumeró que el problema no se limita únicamente al incumplimiento del bono compensatorio, sino que incluye otras situaciones críticas que golpean al sector, como el deslizamiento de la moneda que incrementa los costos de operación y la persistente extorsión que mantiene a los transportistas “de rodillas”.
Entre las acciones de protesta programadas se prevén paralizaciones y plantones durante la próxima semana con el objetivo específico de ser escuchados por las autoridades gubernamentales, quienes según los dirigentes han mostrado indiferencia ante las demandas del sector.
“Esperamos que el gobierno nos convoque lo más pronto posible, de lo contrario vamos a paro la próxima semana, es una decisión de la asamblea”, narró Fernández, dejando en claro que la medida de fuerza está condicionada a una respuesta inmediata de las autoridades para establecer mesas de diálogo.
El dirigente reveló que el gobierno les adeuda actualmente cuatro meses del bono compensatorio y que las autoridades ya les comunicaron oficialmente que no hay recursos disponibles para realizar el pago hasta diciembre de este año, una situación que consideran insostenible para la operación del servicio.
Los transportistas clamaron por una revisión urgente de la tarifa debido a que los costos operativos se han disparado significativamente, mientras la extorsión continúa siendo un flagelo que no logra ser erradicado por las autoridades de seguridad, lo que demanda que el precio de la tarifa sea actualizado conforme a la realidad económica actual que vive el país.
Fernández mencionó específicamente que actualmente están cobrando 13 lempiras en el servicio de transporte urbano, luego de que el gobierno se comprometiera a pagar la diferencia de tres lempiras mediante el bono compensatorio para alcanzar la tarifa técnica de 16 lempiras, pero ni siquiera ese compromiso básico logran cumplir con los transportistas.
El dirigente lamentó que el sector del transporte sea uno de los rubros más golpeados por la inseguridad, la crisis económica y los altos intereses de la banca, una combinación de factores que ha llevado a muchas empresas transportistas al borde de la quiebra operativa.
La crisis del bono compensatorio no es nueva en Honduras, ya que en mayo pasado los transportistas reclamaron 400 millones de lempiras correspondientes a seis meses de deuda acumulada, distribuyéndose 200 millones en Tegucigalpa y 200 millones entre San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca.
El bono compensatorio fue aprobado por el Congreso Nacional en septiembre de 2024 con una asignación inicial de 224,134,560 lempiras para evitar el incremento de las tarifas del transporte público, autorizado al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre para su administración y distribución entre los concesionarios beneficiarios.
Sin embargo, la ejecución del subsidio ha estado marcada por constantes retrasos en los pagos, obligando a los transportistas a recurrir repetidamente a amenazas de paro para presionar a las autoridades gubernamentales a cumplir con sus compromisos financieros.
En junio de este año, el sector ya había advertido sobre posibles medidas de presión si no recibían el pago correspondiente, señalando que el último desembolso efectivo del bono fue hasta febrero de 2025, acumulando una deuda que compromete la sostenibilidad operativa de las empresas de transporte.
La situación se agrava porque los transportistas no pueden trasladar estos costos adicionales a los usuarios debido al compromiso gubernamental de mantener la tarifa en 13 lempiras, creando un déficit operativo que absorben directamente las empresas del sector.
El problema del transporte público se enmarca además en un contexto más amplio donde el sector enfrenta presiones para modernizar sus flotas vehiculares, especialmente en ciudades como San Pedro Sula donde existe un plan de modernización valorado en 120 millones de dólares que contempla la adquisición de nuevas unidades con tecnología avanzada.
Los transportistas han señalado que los planes de modernización y mantenimiento de unidades están siendo afectados directamente por la falta de pago del bono compensatorio, ya que parte de estos recursos estaba destinado a financiar proyectos de mejora del servicio y renovación de flotas.
La extorsión representa otro factor crítico que incrementa los costos operativos del transporte público, con pagos forzosos a grupos criminales que las autoridades de seguridad no han logrado erradicar efectivamente, creando una carga financiera adicional que no está contemplada en los cálculos tarifarios oficiales.
El deslizamiento del lempira frente al dólar también ha impactado significativamente al sector, considerando que muchos préstamos para la adquisición de unidades están denominados en dólares, mientras que los repuestos y componentes de mantenimiento se importan, encareciendo sustancialmente los costos de operación.
Si se concreta el paro anunciado para la próxima semana, la medida afectaría directamente a miles de usuarios del transporte público en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca, las cuatro ciudades principales donde opera el sistema de bono compensatorio.
El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, como entidad responsable de la administración del subsidio, enfrenta el desafío de coordinar con la Secretaría de Finanzas la disponibilidad de recursos presupuestarios para atender las demandas del sector y evitar la paralización del servicio.
La amenaza de paro también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo actual de subsidios al transporte público, especialmente en un contexto de restricciones fiscales y competencia por recursos presupuestarios con otras prioridades gubernamentales.
Los dirigentes del transporte han dejado en claro que están dispuestos a explorar alternativas como el retorno a la tarifa técnica completa de 16 lempiras si el gobierno no puede garantizar el pago oportuno del bono compensatorio, trasladando así el costo real del servicio directamente a los usuarios.
