Tegucigalpa – Los transportistas de carga pesada en Honduras se encuentran en un estado de agitación ante la reciente imposición del visado por parte de Costa Rica. En protesta por esta medida, han anunciado la toma y el cierre de carreteras en todas las fronteras que conectan a Honduras con Nicaragua en las próximas horas.
Uno de los afectados, visiblemente molesto, expresó su preocupación y frustración: «Nosotros movemos la economía de Honduras, somos transportistas internacionales, no queremos una visa, solo queremos trabajar».
Según sus declaraciones, Honduras sufre pérdidas de aproximadamente 75 millones de dólares diarios debido a la incapacidad de transitar por suelo costarricense para llevar a cabo el transporte de mercancías. Agregaron que intentaron abordar la situación directamente con la embajada de Costa Rica, pero sus llamados no fueron atendidos.
Ante la advertencia de la toma de carreteras, la Secretaría de Seguridad reafirmó su posición en aplicar la ley y aseguró que no permitirá ninguna interrupción de las vías públicas bajo ninguna circunstancia.
«Los funcionarios policiales tienen la obligación de garantizar el derecho a la libre locomoción de la población en general», subrayó un segmento del comunicado emitido por la Secretaría.
Las instrucciones han sido giradas a varias divisiones policiales, incluyendo la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), con el fin de tomar las medidas necesarias para «remitir a las autoridades legales competentes a todo ciudadano que atente contra la libre circulación de personas y bienes por el territorio nacional».
La declaración de la Secretaría de Seguridad también mostró comprensión por la preocupación de los transportistas, al tiempo que recordó que la implementación de una visa consultada es una decisión soberana y unilateral de Costa Rica, y que cualquier manifestación o toma de carreteras no cambiará este derecho soberano del Estado costarricense.
