Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro logró mantener vigente el tratado de extradición con Estados Unidos bajo una significativa condición: durante 2025, año de elecciones en Honduras, no se incluirán extradiciones relacionadas con dirigentes políticos ni miembros de las Fuerzas Armadas.
El canciller Eduardo Enrique Reina, al detallar los términos del acuerdo durante una conferencia de prensa, explicó: «Entendemos, bajo la vigencia del tratado todavía la posibilidad de utilizar la extradición, obviamente sin que tenga implicaciones ni para las Fuerzas Armadas ni al proceso electoral».
Esta condición, incorporada mediante un intercambio de notas diplomáticas entre ambos gobiernos, responde a la preocupación por posibles interferencias en el proceso electoral hondureño de 2025, cuando se celebrarán tanto elecciones primarias como generales para elegir nuevas autoridades en la Presidencia, Congreso Nacional y Corporaciones Municipales para el período 2026-2030.
Según explicó Reina, existían «dos opciones para mantener la vigencia del Tratado de Extradición sin riesgo de que éste sea utilizado, con incidencia durante el año electoral». La administración Castro optó por una fórmula que permite la continuidad del mecanismo judicial pero con protecciones específicas para el ámbito político y militar durante este período crítico.
En su comunicado oficial publicado en la plataforma X, la presidenta Castro había adelantado estas garantías al mencionar que había asegurado «el respeto a la integridad de las Fuerzas Armadas, institución responsable de defender la soberanía, mantener la paz, hacer valer el imperio de la Constitución y garantizar la seguridad de nuestro proceso electoral democrático».
Analistas políticos interpretan que esta decisión responde a preocupaciones gubernamentales de que posibles solicitudes de extradición durante el período electoral pudieran ser interpretadas como acciones con propósitos políticos que afectarían la imagen de la administración Castro.
Esta revelación ha generado diversas reacciones en Honduras, donde algunos sectores cuestionan las limitaciones impuestas al tratado, mientras otros ven en ellas una medida necesaria para proteger la soberanía nacional durante un período electoral sensible.
