Tegucigalpa – Las autoridades han desmantelado una red criminal que operaba en las Islas de la Bahía, dedicada a la pornografía infantil, trata de personas y otros delitos conexos, en su mayoría perpetrados contra mujeres y niñas.
Este golpe contra la delincuencia fue resultado de un esfuerzo conjunto liderado por la Unidad Contra la Trata de Personas del Ministerio Público y la Dirección Policial de Investigación (DPI).
El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, confirmó la captura de tres individuos, dos de ellos extranjeros, sospechosos de delitos como trata de personas, explotación sexual, pornografía infantil y otros, en detrimento de varias mujeres y niñas.
La investigación reveló que esta red criminal se aprovechaba de la vulnerabilidad de sus víctimas, tanto menores como adultas, sometiéndolas a abusos y explotación.
Todo comenzó con la captura de un individuo estadounidense, Gary Lee, relacionado inicialmente con la desaparición de una joven llamada Angie Peña. Sin embargo, durante la investigación se descubrió la existencia de esta red, evidenciando prácticas repudiables que involucraban a niñas vulnerables en actividades sexuales.
Los miembros identificados de esta red incluyen a Harold Green, William James Murdock, Gustavo Trejo y Antonu Frank Grayson. Se descubrió que la red, activa desde 2019, contaba incluso con la participación del secretario del Juzgado de Paz de Roatán, quien brindaba apoyo logístico y legal para sus actividades delictivas.
Esta banda, autodenominada «Delta Teams», también se dedicaba al tráfico de drogas y armas, con la complicidad de la policía y la asesoría de un juez de paz. Los ingresos obtenidos, en su mayoría, provenían de la trata de personas.
La investigación reveló la existencia de varios establecimientos vinculados a la red, como The Dock Resort, Happy Harrys Hideaway, Ikigai e Ipanema, utilizados para abusar de las víctimas.
Las autoridades están tomando medidas para asegurar y confiscar estos negocios, en un esfuerzo por desmantelar por completo esta red criminal y brindar justicia a las víctimas que sufrieron abusos físicos, psicológicos y emocionales.
