Tegucigalpa – El exministro de Salud y actual diputado José Manuel Matheu ha desatado una controversia al revelar que el proyecto de construcción de tres hospitales con fondos españoles sí podría haberse completado antes del final del mandato de la presidenta Xiomara Castro en enero de 2026, contradiciendo la versión oficial que justificó el rechazo del préstamo.
El préstamo español, valorado en 80 millones de euros, ofrecía condiciones excepcionalmente favorables para Honduras: un interés del 0.25%, seis años de gracia y 40 años para su pago. Estos fondos estaban destinados a la construcción de centros hospitalarios en Salamá, Santa Bárbara y Ocotepeque.
Matheu explicó que la crisis política española, que inicialmente generó preocupaciones, se resolvió en dos meses. Sin embargo, según sus declaraciones a Radio América, la presidenta Castro tomó la decisión de rechazar el préstamo basándose en información que sugería que los hospitales no podrían inaugurarse durante su mandato.
«Los plazos eran viables», afirmó Matheu, detallando que dos hospitales de 36 camas cada uno estarían listos para mediados de 2025, y el centro principal de 186 camas se completaría a finales de 2024.
La situación se complicó cuando en septiembre de 2023, la entonces ministra de Finanzas, Rixi Moncada, notificó la redirección de los fondos hacia un proyecto vial entre La Ceiba y Trujillo, decisión que tensó las relaciones con España, especialmente considerando que en julio del mismo año, el país europeo había ofrecido una donación adicional de un millón de euros para estudios de factibilidad.
El embajador español Diego Nuño García, calificado por Matheu como un «caballero», ha mantenido una postura diplomática pero firme, reafirmando la seriedad de los compromisos españoles. La controversia también ha puesto en duda la veracidad de las informaciones proporcionadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre los plazos de entrega.
Matheu ha desafiado públicamente al ministro de Infraestructura y Transporte, Octavio Pineda Paredes, a presentar evidencia que respalde sus declaraciones sobre sobrevaloración de precios, asegurando poseer documentación oficial que confirma los costos originales del proyecto.
