Tegucigalpa – El sistema judicial hondureño avanza en el esclarecimiento de uno de los episodios más violentos registrados en el sistema penitenciario nacional. La Sala II del Tribunal de Sentencia programó para la semana del 26 al 30 de mayo el juicio oral contra una nueva acusada por la masacre que cobró la vida de 46 mujeres en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
La imputada, identificada como Arleny Sarahi Guerra Portillo, enfrentará un proceso por los delitos de asesinato, tentativa de asesinato, asociación para delinquir, incendio cualificado, porte ilegal de arma de fuego de uso permitido y porte de arma de fuego de uso prohibido.
Este nuevo juicio se suma a los procesos anteriores donde 15 mujeres ya fueron declaradas culpables por su participación en esta tragedia que conmocionó al país. Con Guerra Portillo, el número de procesadas por este caso alcanza las 16 personas, evidenciando la magnitud de la organización criminal involucrada en el ataque.
Los hechos que se juzgarán ocurrieron el 23 de junio de 2023, cuando un grupo de reclusas ejecutó un plan meticulosamente preparado para atacar a internas pertenecientes a una banda criminal rival. Según las investigaciones, las atacantes utilizaron armas de fuego de diferentes calibres y objetos cortopunzantes para someter a cuatro agentes penitenciarias y despojarlas de sus llaves de acceso.
Una vez que lograron neutralizar al personal de seguridad, las agresoras ingresaron a los módulos 1 y 4 de la penitenciaría, donde se encontraban las víctimas que formaban parte de la organización criminal enemiga. El ataque, que duró varias horas, resultó en una de las masacres más sangrientas registradas en el sistema carcelario hondureño.
La tragedia de la PNFAS puso en evidencia graves deficiencias en el sistema de seguridad penitenciario y la presencia de armas dentro de las instalaciones, así como la influencia que mantienen las estructuras criminales organizadas dentro de los centros de reclusión.
El juicio contra Guerra Portillo representa un paso más en los esfuerzos del Ministerio Público por garantizar que todos los responsables de esta masacre enfrenten las consecuencias legales de sus actos. La Fiscalía ha trabajado durante meses para construir un caso sólido que permita esclarecer completamente los hechos y establecer las responsabilidades individuales de cada participante.
Este proceso judicial también busca sentar un precedente importante en el combate contra la violencia carcelaria y enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de la participación en actos de violencia extrema dentro de los centros penitenciarios del país.
