Washington. – El más antiguo prisionero en la Bahía de Guantánamo asistió a su más reciente audiencia en la junta de revisión con un cierto grado de esperanza, algo que había sido escaso durante sus 16 años encerrado sin acusación alguna en la base estadounidense en Cuba.
Saifullah Paracha, un pakistaní de 73 años y quien sufre de diabetes y problemas cardíacos, tiene dos cosas a su favor que no tenía en audiencias anteriores: un evento favorable para su defensa legal y la elección de Joe Biden.
El presidente Donald Trump había efectivamente terminado con la práctica de la administración Obama de revisar los casos de hombres detenidos en Guantánamo y de liberarlos si su detención ya no era considerada necesaria. Ahora hay esperanza de que esa práctica se reactive bajo Biden.
“Tengo más esperanzas ahora simplemente porque tenemos una nueva administración que no está completamente fijada en ignorar los existentes procesos de revisión”, dijo Shelby Sullivan-Bennis, abogada de Paracha, el 19 de noviembre desde la base después de una audiencia. “La simple existencia de eso en el horizonte creo que es esperanza para todos nosotros”.
El exrecluso de Guantánamo Jihad Diyab está siendo investigado por la Policía de Uruguay para determinar si tiene vínculos con el grupo Estado Islámico.
Guantánamo fue una vez fuente de indignación mundial y un símbolo de exceso estadounidense en respuesta al terrorismo. Pero eso se desvaneció de los titulares luego que el presidente Barack Obama no lo cerrara, aun cuando 40 hombres siguen detenidos ahí.
Aquellos presionando para su cierre ahora ven una ventana de oportunidad, esperando que la administración Biden encontrará una forma de enjuiciar a los que puedan ser juzgados y liberar al resto, liberando además a Estados Unidos de un centro de detención que le cuesta más de 445 millones de dólares al año.
Las intenciones precisas de Biden sobre Guantánamo permanecen inciertas. El portavoz de la transición, Ned Price, dijo que el presidente electo está de acuerdo en cerrarlo, pero que sería incorrecto discutir sus planes en detalle antes de que asuma la presidencia.
Su reticencia es en realidad bienvenida por aquellos que han presionado para el cierre de prisión de Guantánamo. La temprana promesa de Obama de cerrarla es ahora vista como un error estratégico que afectó lo que había sido un tema bipartidista.
“Creo que tiene más posibilidades de ser cerrada si no se vuelve un gran tema en los medios de comunicación”, dijo Andrea Prasow, subdirector en Washington del organismo Human Rights Watch.
El centro de detención abrió en el 2002. La administración del presidente George W. Bush transformó lo que había sido una somnolienta base de la armada en la punta sudeste de Cuba en un lugar para interrogar y encarcelar a personas sospechosas de pertenecer a Al-Qaeda y los talibanes después de los ataques del 11 de septiembre del 2001.
Las autoridades estadounidenses sostienen que los prisioneros pueden estar detenidos bajo la “ley de la Guerra”, permaneciendo bajo custodia por la duración de las hostilidades, un prospecto de límite abierto.
En su punto máximo en 2003, el año en que Paracha fue capturado en Tailandia por sospechados lazos con Al-Qaeda, Guantánamo tenía unos 700 prisioneros de casi 50 países. Bush anunció su intención de cerrarlo, aunque todavía había 242 prisioneros cuando terminó su presidencia.
La administración Obama, buscando calmar las preocupaciones de que algunos de los liberados “habían regresado a la lucha”, estableció un proceso para asegurar que aquellos repatriados o reasentados en terceros países ya no representaran una amenaza. También planificó enjuiciar a algunos de los detenidos en cortes federales.
Pero sus esfuerzos de cierre fueron aniquilados cuando el Congreso prohibió el traslado de prisioneros de Guantánamo a suelo estadounidense, incluyendo para fines judiciales o médicos. Obama terminó liberando a 197 prisioneros, dejándole 41 a Trump.
Trump prometió en su campaña del 2016 “llenar” Guantánamo con “algunos tipos malos”, pero en gran medida ignoró el asunto tras revertir las políticas de Obama. Su administración aprobó una sola liberación, la de un saudí que se declaró culpable ante una comisión militar.
Según los demócratas, el fiscal general, Jeff Sessions, podría convertirse en sí mismo sujeto de una investigación y mejor debería renunciar.
De los que quedan, siete hombres tienen casos en comisiones militares. Incluyen a cinco hombres acusados de planificar y apoyar los ataques del 11 de septiembre. Adicionalmente, hay dos prisioneros condenados por una comisión militar y tres enfrentando juicio por los ataques dinamiteros de Bali en el 2002.
